Realizan en Querétaro Parlamento Ciudadano por nuevas leyes de agua

En la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se llevó a cabo el Parlamento Ciudadano por la Ley de Aguas, un paquete que incluye la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión.

Este Parlamento Ciudadano formó parte del proceso nacional de Parlamento Abierto, mediante el cual se buscaba que los diputados federales integren las aportaciones ciudadanas al análisis legislativo, con el propósito de garantizar el derecho humano al agua, su gestión comunitaria y su preservación como bien común.

Para este ejercicio, fueron invitados las y los 10 legisladores de la Cámara Baja del Congreso Federal, representantes del estado de Querétaro a nivel nacional. Sin embargo, únicamente acudieron dos legisladores del grupo parlamentario de Morena: Gilberto Herrera Ruiz y Rufina Benítez Estrada.

Asimismo, hizo presencia el diputado local por la misma fracción, Eric Silva Hernández, así como el regidor del ayuntamiento capitalino, Fernando Flores Pérez, quienes escucharon las ponencias de especialistas, académicos e integrantes de la sociedad civil.

Marco normativo de la Conagua "genera incertidumbre"

De acuerdo con ciudadanos, la iniciativa oficial para reformar el marco legal del agua mantiene elementos que, según las organizaciones, perpetúan la concentración y privatización del recurso.

• Privatización
  
  

  Plantea conservar esquemas privatizantes para sistemas municipales y obras federales, bajo acuerdos considerados costosos y difíciles de cancelar incluso si las empresas incumplen.



• Hidrocracia
  
  

  Los Consejos de Cuenca seguirían integrados principalmente por gobiernos y grandes concesionarios, quienes conservarían voz y voto en la toma de decisiones.



• Derecho humano en 60 años
  
  

  La estrategia gubernamental propone cumplir gradualmente el acceso al agua en un plazo de 60 años, dividido en seis etapas de 10 años.

 

• Contaminación
  
  

  Se mantiene el sistema autorregulado de pago por "derechos por contaminar", señalado por colectivos como un mecanismo que ha permitido el deterioro de cuerpos de agua en el país.



• Mercantilización
  
  

  La Conagua conservaría la facultad de comprar, vender y reasignar concesiones, sin mecanismos claros de transparencia.

 

• Fracking
  
  

  La propuesta no prohíbe y permite continuar el uso de métodos de extracción de gas por fractura hidráulica, pese a los daños ambientales señalados.

Lo que proponen las asociaciones ciudadanas

En contraste, colectivos, comunidades afectadas, pueblos indígenas y especialistas plantearon un enfoque basado en derechos humanos, justicia hídrica y gestión comunitaria:

• El agua en manos públicas
  
  

  Exigen prohibir cualquier tipo de arreglo con privados en la administración o gestión del agua.



• Democracia
  
  

  Proponen sustituir los Consejos de Cuenca por Consejos Regionales de amplia participación, con inclusión de pueblos indígenas, investigadores, defensores del agua, comunidades afectadas por la contaminación y representantes de los tres órdenes de gobierno.



• Derecho humano YA
  
  

  Planean implementar acciones inmediatas desde los Consejos Regionales para enfrentar la sobreexplotación, el acaparamiento y los procesos de despojo.



• Reparación de daños
  
  

  Buscan que los pagos por descarga industrial financien inspecciones, monitoreo ciudadano y la reparación obligatoria de daños a la salud y al ambiente.



• Acceso equitativo
  
  

  Plantean extinguir los volúmenes concesionados a grandes usuarios que no han pagado derechos y destinar esos recursos a ejidos, comunidades indígenas y productores de autosustento.



• No al fracking
  
  

  Exigen la prohibición total de esta práctica debido a sus efectos irreversibles en los acuíferos.

Necesarios cambios en legislación federal y local

A pesar de que esta discusión se dio principalmente en torno a la legislación federal, también se hizo énfasis en que es necesario cambiar el marco normativo regulatorio en el estado de Querétaro, pues actualmente no existe una ley de aguas, sino una ley que regula y administra el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado.

Así lo señaló el diputado local Eric Silva, quien agregó que se retomarán los señalamientos expuestos durante el parlamento a la iniciativa en Querétaro.