"Todas las autoridades nos han fallado": Colectivos feministas

 A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2021 y 2023 que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, en Querétaro el aborto sigue siendo delito conforme al Código Penal estatal. 

Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el análisis de la consultora TResearch International, de 2019 al primer semestre de 2022 en Querétaro se abrieron 108 carpetas de investigación por aborto. Eso coloca al estado entre los de tercera tasa más alta de denuncias por aborto, con aproximadamente 45 casos por millón de habitantes durante ese periodo. 

En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Querétaro acumulo 152 abortos reportados entre las entidades con más abortos dentro de ese marco federal, situándose en el sexto lugar nacional. 

En el ámbito legislativo, existe una iniciativa presentada por Morena con respaldo del PT para reformar el Código Penal local, proponiendo que se eliminen sanciones por aborto hasta la semana 12 de gestación, además de obligar al estado a ofrecer servicios de interrupción del embarazo seguros, gratuitos y sin objeción de conciencia institucional. Hasta ahora esa iniciativa no ha sido aprobada. 

Otro dato importante: en los últimos cinco años, Querétaro registró 356 partos de niñas menores de 15 años. Muchos de esos embarazos han sido consecuencia de violencia sexual, lo que para activistas demuestra la urgencia de políticas públicas que atiendan no sólo la despenalización sino también la prevención, la salud reproductiva, y los derechos de las menores. 

El contraste entre lo que dictan los fallos de la SCJN y la falta de armonización de las leyes estatales refleja que, en Querétaro, la despenalización del aborto continúa siendo un debate pendiente, tanto en lo jurídico como en lo social, enfrentando resistencia política y barreras institucionales.

Por. su parte diversos colectivos, interpusieron un amparo para que se armonizara el código penal local de acuerdo al código penal federal y respetado el mandato de la SCJN. Situación que ha sido ignorada por todas las autoridades locales y federales.

En un posicionamiento durante la reciente marcha feminista, Mayra Dávila integrante de ADAX Dirgitales sentenció: "Todas las autoridades nos han fallado..."