Con la intención de combatir la corrupción, la ley obliga a los servidores públicos de todos los niveles a realizar una declaración patrimonial del 1 al 31 de mayo, la titular del órgano de control y evaluación gubernamental Alejandra Covarrubias habla de la finalidad del proceso. Una vez vencido el plazo de recepción las declaraciones patrimoniales se analizan y en caso de encontrar alguna irregularidad se inicia un proceso de investigación, Alejandra Covarrubias comenta que no solo se declaran los bienes propios sino también de los familiares. A la fecha se continúa recibiendo la información hasta el 31 de Mayo, en caso de no presentarla se da un plazo extra, si continua sin realizarse se puede destituir al funcionario por omisión del proceso.