Aprueban sanciones a quienes filtren y difundan información de víctimas
México.- El Senado mexicano aprobó este martes cambios a las leyes para encarcelar hasta por 12 años e imponer multas por encima de los 100.000 pesos (unos 6.000 dólares) a autoridades que difundan imágenes e información de víctimas de violencia, con sanciones que se incrementan en caso de ser mujeres, adolescentes y cuando se trate de información de cadáveres.
Por unanimidad, legisladores de la Cámara alta del Congreso mexicano también aprobaron que las sanciones apliquen a personas, periodistas o representantes de medios de comunicación que publiquen esta información sensible contenida en procesos penales o carpetas de investigación.
La pena de cárcel puede ir desde los seis años y hasta los 12, mientras que la multa a quien incurra en este nuevo delito en el Código Penal mexicano sería de entre 500 y 1.000 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a un rango de entre 51.870 y 103.740 pesos (unos 3.006 y 6.013 dólares).
Esta cantidad se incrementaría hasta una mitad más cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez, destacó que esta modificación busca garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas.
La ministra en retiro afirmó que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituyen "claramente" una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.
La senadora mexicana recordó que, en febrero de 2020, se difundieron imágenes del cuerpo de una víctima de feminicidio en medios de comunicación y en redes sociales, conocido como el caso Ingrid Escamilla, lo que dijo laceró la dignidad y memoria de su persona y de sus familiares al exponer públicamente material visual de su cuerpo.
El dictamen destaca que el caso de Ingrid Escamilla puso en el centro del debate la actuación de las autoridades y servidores públicas en la integración de las carpetas de investigación del delito de feminicidio.
Así como la falta de probidad en el manejo de información y material contenido en esta investigación, mismos que debieron preservar la debida confidencialidad y reserva.
El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para ser discutido y en su caso aprobado para ser publicado de forma oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su inminente entrada en vigor.