Tanto el Ayuntamiento como las empresas privadas están obligadas por ley a garantizar oportunidades laborales a personas con discapacidad, asignándoles puestos acordes a sus capacidades, sin discriminación ni obstáculos que limiten su desarrollo profesional.
Así lo recordó la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien subrayó que esta obligación está contemplada en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece que las instituciones públicas y privadas deben destinar un porcentaje de su plantilla laboral a este sector, promoviendo la igualdad de oportunidades y la autonomía económica de quienes viven con alguna discapacidad física, visual, auditiva o intelectual.
Mercado señaló que, aunque existen avances en la materia, el cumplimiento sigue siendo limitado y es necesario que tanto autoridades municipales como el sector privado asuman un compromiso real con la inclusión.
En el caso del sector público, se espera que el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado refuerce sus políticas internas de inclusión laboral y brinde seguimiento al cumplimiento de esta obligación, no solo en su administración, sino también como modelo para las empresas locales.
De acuerdo con datos del INEGI, en Sonora más de 130 mil personas viven con alguna discapacidad, y aunque una parte está en edad productiva, menos del 30 por ciento cuenta con empleo formal, lo que refleja la necesidad de impulsar políticas más activas de inclusión laboral que no se queden en el discurso.
La diputada Patricia Mercado reiteró que la inclusión no solo es un mandato legal, sino una responsabilidad social compartida: Integrar a personas con discapacidad en el ámbito laboral fortalece la diversidad, la empatía y el desarrollo económico y humano de las comunidades.