Un transportista denunció a través de sus redes sociales el cobro ilegal que realizan desde hace varios años, pobladores e integrantes de las etnias Yaqui, en las carreteras de algunos municipios del Sur de Sonora, principalmente en los municipios de Cotam y Vicam.
En el video, el chofer de un tráiler denunció el hartazgo y la molestia de los transportistas que tienen que viajar por estas carreteras para realizar su trabajo, sin embargo, son interceptados y obligados a pagar una cuota de que varía desde 50 hasta 100 pesos por unidad, a la vista de las autoridades tanto estatales como federales.
El transportista expresa su molestia durante los casi 6 minutos que dura el video que subió a su plataforma de Facebook, en donde arremete en contra del gobierno de Sonora por la falta de acciones para evitar que se siga afectando a los transportistas y viajeros que por derecho constitucional pueden viajar libremente por todo el territorio nacional siendo mexicanos.
Ante esto, se buscó una respuesta por parte del gobierno del estado, sin embargo, la vocera de SIDUR Oralia Acosta, dijo que este tema pertenece al gobierno federal, por tratarse de carreteras federales, por lo que se solicitó una entrevista con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Eduardo Antonio Pacheco, sin embargo, no hubo respuesta por parte del funcionario.
Asi lo comenta el transportista de SLRC, Héctor Chacón, quien menciona que las autoridades deben de brindar as garantías de protección para los transportistas, ya que además de este tipo de cobros ilegales, existen otros riesgos para los operadores que transitan por las peligrosas carreteras de Sonora y de todo el país, ya que señala, que la delincuencia organizada ha rebasado el alcance de las autoridades estatales y federales.
Finalmente, el transportista, menciona que desde las cámaras de diputados se deben realizar legislaciones que permitan brindar un seguro de protección hacia los transportistas y prestadores de servicios que sufren de algún robo en las carreteras federales, así como el permitir la portación de armas para los operadores de cada unidad, previamente certificados, tal y como se hace en Estados Unidos, para disminuir el índice de asaltos a transportistas.