La reforma constitucional que reemplaza a la mitad del poder judicial federal por jueces elegidos por voto popular ha generado preocupación sobre la independencia judicial en México, según Human Rights Watch (HRW)
Los nuevos jueces asumieron sus cargos el 1 de septiembre de 2025, tras las elecciones celebradas el 1 de junio.
En septiembre de 2024, diputados y senadores de la coalición política liderada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprobaron una reforma que elimina la inamovilidad judicial y establece elecciones periódicas para jueces en cada distrito judicial.
Los candidatos fueron seleccionados por tres comités de evaluación designados por el presidente, el Senado y la Suprema Corte de Justicia, y posteriormente participaron en elecciones locales
Observaciones sobre el proceso
Human Rights Watch y la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalaron varios problemas durante el proceso electoral:
El comité de evaluación del Poder Judicial renunció tras una orden judicial que suspendía su labor, transfiriendo la preselección al Senado.
Los criterios para seleccionar candidatos eran vagos informa HRW, como honestidad, reputación y competencia, y los comités no emitieron reglamentos claros sobre cómo evaluar a los candidatos.
Los comités tuvieron que revisar un gran número de solicitudes en plazos muy cortos, examinando un promedio de 40 solicitudes al día.
La participación electoral fue de apenas 13 % de los votantes, considerada muy baja por observadores internacionales.
Se identificaron deficiencias en la transparencia de financiamiento y gastos de campaña, así como campañas de apoyo a ciertos candidatos mediante folletos físicos y digitales
Resultados de las elecciones
Las elecciones de 2025 dieron lugar a la designación de:
Los seis magistrados del Tribunal Supremo elegidos fueron preseleccionados por el comité del Poder Ejecutivo, algunos también incluidos por el Congreso
Tribunal de Disciplina Judicial
La reforma creó un Tribunal de Disciplina Judicial con poderes para sancionar y destituir jueces por criterios como:
Riesgos a la independencia judicial
Según estándares internacionales, los jueces deben contar con permanencia en el cargo y protección frente a influencias políticas.
El relator especial de la ONU sobre independencia judicial recomienda procesos de nombramiento basados estrictamente en méritos y calidad profesional.
Human Rights Watch recomienda a las autoridades mexicanas aprender de los defectos de las elecciones de 2025 y considerar la derogación de la reforma o, al menos, establecer salvaguardas sólidas para la próxima ronda de elecciones judiciales en 2027