Gobierno municipal reserva información de la trayectoria de policías municipales
"Ya la está investigando la fiscalía, lo que sí es que son mantas muy diferentes a las utilizadas por el crimen organizado, ´pero igual, ahí lo van a investigar".
Así respondió el secretario del Ayuntamiento el lunes 16 de diciembre de 2024 cuando se le preguntó respecto a tres presuntas "narcomantas" que amanecieron ese mismo día en distintos puntos de la ciudad.
Diecisiete días después de la amenaza, la tarde del jueves 2 de enero, el agente Javier Velasco Damián fue atacado a unos 200 metros del acceso al basurero municipal en donde presuntamente el policía estaba comisionado para vigilancia del lugar. Las heridas que sufrió causaron su muerte el 3 de febrero.
Otros tres agentes, Rodrigo Hernandez Luna, Juan Alberto García Inzunza y Jesús Patiño Negrete, también figuraban en la narcomanta. El Ayuntamiento omitió si estos agentes fueron suspendidos de sus funciones.
El pasado 21 de enero de 2025, el gobierno municipal de San Luis Río Colorado respondió a cuatro solicitudes de información pública en las que se le pidió los datos de trayectoria policiaca, cursos de capacitación y sanciones a las que han sido sujetos los cuatro agentes amenazados en las "narcomantas".
El gobierno municipal reservó la información solicitada bajo el argumento de que hay una investigación de la Fiscalía General de la República que se inició a partir de la aparición de las "narcomantas". El expediente, dice la respuesta del gobierno municipal, es el FED/SON/SLRC/00032996/2024.
Al respecto, el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, consideró que la depuración de las policías es un tema que sigue pendiente en San Luis Río Colorado y otros municipios.
"Efectivamente se dan diferentes situaciones y no tenemos retroalimentación, o sea no vemos qué medidas se están tomando frente a estos riesgos, es más no sabemos qué tipo de medidas se tomaron en este espacio de tres cuatro meses que fue el mando único municipal".
Se presentaron recursos de inconformidad ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, luego de considerarse que el Ayuntamiento clasificó la información como reservada sin que haya motivo para ello, ya que los datos solicitados corresponden al trabajo de servidores públicos y no pertenecen a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República.
Comisionados del Instituto de Transparencia consideraron que los recursos son procedentes y ya fueron aceptados.