En San Luis Río Colorado existen más de 150 viviendas que en este momento están en recuperación de parte de las financieras a través de juicios que no están concluidos por ilegalidades como la falta de notificación, o el debido proceso en materia de juicio hipotecario.
Así lo expresó Luis Alberto García Rueda, director Jurídico de Protege A.C. quien dio a conocer que en la región de Baja California y San Luis Río Colorado, hay más de tres mil juicios por año en los juzgados civiles, cuya duración puede ser de tres años o más.
Existen grupos o personas con capacidad financiera que se dedican a comprar paquetes de deudores de vivienda a las hipotecarias con el fin de despojar de su casa a deudores para luego revenderlas obteniendo grandes cantidades de utilidad por estas operaciones.
"La vivienda se ha convertido en el medio de vida de muchas personas pero desde la mala fe, desde el actuar desde la ilegalidad"...
?"Aquí en San Luis Río Colorado, viviendas de recuperación, viviendas adjudicadas".
El mayor problema legal que enfrentan los deudores de vivienda es la forma como está estructurado el contrato de crédito que firman para adquirir la vivienda. Estos contratos están elaborados de manera leonina y viciada a través del cual generan un interés oculto que únicamente se puede detectar con un estudio profundo.
Este interés oculto hace que la deuda crezca en forma desmedida, al grado de terminar pagando hasta tres o más veces el valor inicial comprometido de la vivienda, a pesar de que el titular del crédito haga sus pagos en forma correcta y completa.
Los tribunales de lo civil y abogados éticamente correctos están obligados a evitar que las personas no pierdan su vivienda por medio de alguna ilegalidad, incluso sin demérito de algún acuerdo conciliatorio de las partes para la disminución o condonación de los intereses.
Garcia Rueda dijo que se quita a los compradores de vivienda el derecho de recursos legales, que en la mayoría de los casos desconocen; y la asesoría que el estado mexicano debería dar en aras del derecho a la vivienda consignado en la Constitución.