Como seguimiento a una serie de señalamientos en contra del 28 ayuntamiento por
parte del señor Trinidad Quiñones quien acuso al gobierno municipal por un
supuesto abuso de autoridad y despojo de sus pertenencias, el licenciad Ernesto
Ortiz Avilés, dijo que no existe una denuncia interpuesta formalmente en la
contraloría.
De acuerdo a la autoridad investigadora de la contraloría municipal, señalo que a la
fecha no se ha recibido una denuncia formal en la dependencia, por lo que invito al
productor de ladrillo, a que se acerque a las oficinas para abrir una carpeta de
investigación por los actos señalados en contra del municipio.
Ante esto, el abogado argumenta que en caso de que resulten ciertas las
acusaciones del ciudadano, podrían existir sanciones dependiendo de la gravedad
de los actos cometidos y reitero la invitación al ofendido para que acuda a la
contraloría a la brevedad y así poder abrir una carpeta de investigación.
Y es que, dentro de las acusaciones que lanzo el señor Trinidad Quiñones en
contra del ayuntamiento, destacan, el despojo de una unidad móvil con la que
transporta su mercancía, además de los señalamientos en contra del titular de
Desarrollo Urbano, quien supuestamente le pidió una donación de 5 mil ladrillos al
productor, antes de demoler totalmente sus hornos, lo cual le parecía una burla al
denunciante, además de que se le multo con una sanción de aproximadamente 85
mil pesos.
Por ello el funcionario, lanzo de nuevo una invitación al ciudadano afectado para
que realice una denuncia formalmente ante el órgano de control interno del
ayuntamiento y esclarecer tales acusaciones, ya que asegura, que para que ellos
puedan investigar los hechos, debe existir una querella del quejoso.
Así mismo, argumentó que en caso de que resulten ser ciertas las acusaciones de
abuso de autoridad en contra del ciudadano, se estarían aplicando sanciones
dependiendo de la gravedad de los actos, que pudieran variar desde una
amonestación, hasta la inhabilitación permanente del o los servidores públicos que
hayan incurrido en algún abuso de autoridad.
Sin embargo, Ortiz Avilés, menciona que, si resultan ser graves las acusaciones en
contra del ayuntamiento, ya no sería la contraloría municipal la encargada de
sancionar, si no que tendría que turnarse el caso hasta el tribunal de justicia
administrativa en la capital del Estado para delegar responsabilidades.