Petra Santos pide revisar cobros y dar certeza jurídica a familias
S. Luis R. Colorado
Fecha: 15-10-2026
La activista Petra Santos llamó a los residentes de una zona del ejido La Grullita a reunir su documentación y presentar sus casos ante las oficinas del comité del puente, luego de señalar presuntas irregularidades relacionadas con el cobro del impuesto predial, la falta de servicios públicos y la situación legal de los terrenos que ocupan las familias. El posicionamiento fue difundido a través de una publicación en redes sociales, en la que también hizo referencia a declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la atención a esta problemática.
Señala dificultades para las familias de la zona
En su mensaje, Santos consideró que las condiciones que enfrentan los habitantes afectan principalmente a familias que residen en el lugar por necesidad económica y que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a una vivienda en otras áreas de la ciudad.
La activista expuso que esta situación debe analizarse tomando en cuenta las condiciones económicas de los residentes, así como las circunstancias en las que ocuparon los terrenos. Su planteamiento se centra en la necesidad de encontrar alternativas que permitan a las familias conocer su situación patrimonial y las condiciones legales bajo las cuales pueden permanecer en la zona.
El tema representa una preocupación para quienes buscan contar con un patrimonio propio, especialmente cuando existen dudas sobre la regularización de los predios y las obligaciones que deben cumplir ante las autoridades correspondientes.
Cuestiona el cobro del impuesto predial
Otro de los puntos señalados por Petra Santos fue el cobro del impuesto predial en un área donde, según expuso, los habitantes no disponen de todos los servicios públicos.
La activista planteó cuestionamientos sobre las obligaciones fiscales de los residentes y las condiciones de infraestructura que existen en el lugar. Sin embargo, la información difundida no precisa cuáles son los servicios que faltan, el monto de los cobros señalados ni los criterios utilizados para determinar las obligaciones de cada propietario u ocupante.
Por ello, será necesario conocer la situación particular de los terrenos, así como las disposiciones fiscales y legales aplicables, para establecer el alcance de los señalamientos y las responsabilidades correspondientes.
Hace referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum
En su publicación, Santos también mencionó declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, de acuerdo con lo expuesto por la activista, habría instruido atender esta problemática.
No obstante, el mensaje compartido no incluye detalles sobre la fecha, el contexto o el alcance de las declaraciones presidenciales, ni especifica qué dependencia sería responsable de dar seguimiento al caso.
Hasta el momento, tampoco se han proporcionado elementos que permitan confirmar si existe una instrucción formal dirigida a las autoridades relacionadas con la situación de los terrenos del ejido La Grullita.
Pide a los residentes presentar sus documentos
Como parte de las acciones propuestas, Petra Santos exhortó a las familias afectadas a reunir sus documentos y acudir a las oficinas del comité del puente para exponer sus casos y buscar una solución.
La documentación podría servir para identificar las condiciones particulares de cada terreno y facilitar la revisión de los antecedentes relacionados con su ocupación, los posibles adeudos y los trámites de regularización que correspondan.
La activista busca que los residentes tengan un espacio para presentar sus inquietudes y que la situación sea revisada con el propósito de avanzar hacia una solución.
Sin respuesta oficial sobre los señalamientos
Hasta el momento, la información difundida no incluye una respuesta oficial del ejido La Grullita ni detalles sobre los fundamentos legales que sustentan los cobros cuestionados.
La situación mantiene sobre la mesa la necesidad de esclarecer la tenencia de la tierra, determinar las obligaciones fiscales aplicables y conocer las condiciones bajo las cuales las familias pueden obtener certeza jurídica sobre los terrenos que ocupan.
Una revisión de las autoridades competentes y la información de las partes involucradas permitirían precisar los alcances del caso y conocer qué alternativas existen para atender las inquietudes de los residentes.
