La Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta del Senado con la Ley General de Educación Superior, que será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor la nueva ley, que según los legisladores, garantizará la gratuidad en ese nivel, de forma gradual, a partir de 2021.
Sin embargo, los diputados aprobaron la nueva ley sin tomar en cuenta a los estudiantes, a los universitarios y a los sindicalizados, apuntó Eber Cabrera, representante del movimiento "La voz de los estudiantes" durante una conferencia virtual este martes 16 de marzo.
Así lo mencionó el representante del movimiento estudiantil en Sonora, a través de una conferencia virtual celebrada este martes 16 de marzo, en donde señaló que la nueva LGES, viola el artículo 3° constitucional y particularmente, se degrada el derecho a la educación superior, limitando las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas a las instituciones autónomas.
Motivo por el cual, demandaron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no promulgue la LGES que fue aprobada y se regrese a la Cámara de Diputados para que, por medio de una amplia discusión, se subsanen las deficiencias que detallaron en un comunicado de prensa.
Bajo esa línea, lamentaron que en plena cuarta Transformación, se haya aprobado una ley que contiene claros componentes neoliberales y refuerzan la privatización de la educación superior y el poder de las burocracias de las instituciones de educación superior.
Puntualizando que es evidente que fueron las burocracias agrupadas en la ANUIES y las organizaciones empresariales las que dictaron los contenidos de varios de los artículos de la LGES.
Por último, agregan que la nueva LGES somete a todas las instituciones de educación superior a un control centralizado de los gobiernos federal y estatales, al dejar de manera exclusiva y en sus manos, la coordinación y el desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior.
Además de incluir un Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, compuesto por 107 autoridades, y sólo nueve estudiantes y nueve profesores, por lo que los actores directos del proceso educativo, es decir, estudiantes, profesores y trabajadores no académicos son excluidos de las tomas de decisiones.