Supremo de EE.UU. permite a Trump desmantelar Departamento de Educación

El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este lunes una resolución de emergencia que permite al presidente Donald Trump avanzar con su plan de desmantelar el Departamento de Educación, una de sus promesas de campaña más significativas. 

La decisión, tomada por una mayoría conservadora de 6 a 3, suspende una orden judicial previa en Massachusetts que había bloqueado el despido de casi 1,400 empleados del departamento, mientras continuaba el litigio sobre su eliminación planificada.  

Aunque se trata de un fallo sin fundamentación detallada, autorizó la continuación inmediata de los despidos y otras acciones reestructurantes.

Contexto y antecedentes

En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación y transferir sus funciones a nivel estatal, promoviendo así una educación descentralizada. 

El juez Myong Joun del distrito de Massachusetts bloqueó los despidos en mayo, argumentando que estos "probablemente paralizarían al departamento" y que el proceso de cierre requeriría la aprobación del Congreso. 

Reacciones desde el tribunal

Las tres juezas liberales Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su disenso profundamente. Sotomayor afirmó que la mayoría "probablemente ignora voluntariamente las implicaciones de su fallo o es ingenua. 

También advirtió que permitir a la Administración ejecutar una promesa pública de violar la ley sin impedimentos es una falla del poder judicial .

La secretaria de Educación, Linda McMahon, celebró la decisión y aseguró que el presidente tiene "autoridad última" sobre la organización interna y el número de empleados de las agencias federales.

Trump, por su parte, ha reiterado que su objetivo es devolver la competencia educativa a estados y comunidades locales.

Implicaciones y próximos pasos

Aunque esta orden permite avanzar temporalmente con el plan de desmantelamiento, no es un fallo final sobre la legalidad del cierre del Departamento, ya que en última instancia solo el Congreso puede aprobar su abolición formal.

El caso sigue en tribunales federales inferiores, donde organizaciones demandantes incluyendo distritos escolares y estados continúan luchando contra la medida.

Políticos demócratas han portado su oposición a ambas Cámaras del Congreso y promueven legislación para proteger la existencia y los programas del Departamento de Educación.

Activistas de derechos civiles advierten que el desmantelamiento pone en riesgo fondos clave y el cumplimiento de derechos estudiantiles en comunidades vulnerables.

Con este fallo, el Tribunal Supremo refuerza su tendencia reciente de limitar el poder de los tribunales inferiores para bloquear acciones ejecutivas bajo suspensiones cautelares nacionales, lo que podría aumentar la capacidad del poder ejecutivo para implementar políticas sin una intervención previa de la justicia.

Este fue el último gran fallo del periodo judicial de verano en el Supremo uno más de las victorias legales que el exmandatario ha obtenido en los primeros seis meses desde su retorno a la Casa Blanca.