En Guanajuato, el robo de cobre, fierro y otros metales se ha convertido en una fuente constante de ganancias ilícitas que alimenta un mercado negro en expansión. El material sustraído, principalmente cables eléctricos, piezas de alumbrado, tapas de drenaje y estructuras metálicas, termina en chatarrerías, recicladoras o fundidoras locales, donde se mezcla con metales legales, borrando todo rastro de su origen.
De acuerdo con autoridades municipales, los tramos de cable robado se venden entre 150 y 1,500 pesos, dependiendo del tipo de metal y su pureza. Este comercio clandestino resulta atractivo para bandas organizadas y para ladrones individuales, quienes operan en zonas poco vigiladas o durante la madrugada. Salamanca, León e Irapuato se han identificado como puntos con mayor incidencia.
El destino final del cobre y el fierro robado suele ser el mismo: fundiciones que lo reprocesan y lo introducen nuevamente al mercado formal, dificultando su rastreo. A pesar de los operativos realizados por la policía estatal, la falta de controles y registros en los centros de reciclaje permite que este delito continúe impune. Mientras no exista una regulación estricta sobre la compraventa de metales, el desmantelamiento de la infraestructura en Guanajuato seguirá siendo un negocio rentable para el crimen.