Demócratas investigarán detenciones ilegales de ciudadanos en redadas migratorias

Congresistas demócratas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron este lunes, 20 de octubre, el inicio de una investigación exhaustiva sobre las masivas redadas migratorias llevadas a cabo por el Gobierno del presidente Donald Trump, centrando la atención en la detención de ciudadanos estadounidenses y posibles irregularidades

El congresista Robert García, principal demócrata del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, denunció que agentes migratorios están sacando a rastras a ciudadanos de las calles, deteniéndolos sin acceso a abogado ni a una llamada telefónica.

García se unió a Bass para anunciar que el Congreso abrirá una investigación amplia sobre la ofensiva migratoria, con especial énfasis en la protección de los derechos civiles.

El senador Richard Blumenthal, miembro de mayor rango del Comité de Investigaciones del Subcomité Permanente del Senado, solicitó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, que entregue todos los registros de la agencia relacionados con los arrestos.

Los demócratas alertaron que informes periodísticos documentan detenciones prolongadas, negación de acceso a abogados y otras violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses. La semana pasada, el medio ProPublica reportó que al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante las redadas, según su propio conteo ante la falta de información del DHS

Impacto en la comunidad

La misiva de los legisladores destaca que estos arrestos coinciden con un aumento alarmante de la discriminación racial, especialmente hacia latinos en Los Ángeles.

Bass enfatizó que la ofensiva migratoria no solo afecta a la ciudad, sino a todo el país, y que los informes sobre ciudadanos angelinos sometidos a descargas eléctricas, arrastrados y detenidos ilegalmente son motivo de preocupación nacional.

La alcaldesa y el Concejo de Los Ángeles han aprobado medidas para reforzar protocolos y capacitación, con el fin de garantizar que los recursos municipales no sean utilizados en la aplicación de políticas migratorias federales que vulneren los derechos de los habitantes