La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó irregularidades por 1,734 millones de pesos en el manejo del antiguo Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entre 2010 y 2013, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
Los hallazgos incluyen pagos por obras que nunca se realizaron, bienes inexistentes, falta de comprobación de gastos, desvíos de recursos y omisiones en fianzas o penalizaciones a contratistas.
Estas prácticas, según Hacienda, reflejan un manejo deficiente del dinero destinado a apoyar a comunidades afectadas por desastres naturales.
El Fonden tenía como propósito responder con rapidez ante emergencias como huracanes, inundaciones o sismos. Sin embargo, las irregularidades detectadas sugieren que parte del dinero nunca llegó a las familias o comunidades que debían recibirlo.
Escuelas sin reconstruir, viviendas pendientes y obras inconclusas representan el impacto real de estos desvíos: recursos públicos que debieron usarse para reconstruir vidas y quedaron en el camino por corrupción o negligencia, de acuerdo a lo informado
Un nuevo esquema con mayor rapidez
Tras la desaparición del fideicomiso anterior, el nuevo fondo de atención a desastres busca reducir tiempos de respuesta y fortalecer la transparencia.
Se reportó que antes podían pasar hasta 36 días hábiles para liberar los apoyos; ahora, los recursos se entregan de forma casi inmediata. Además, el fondo ha crecido año con año: de 8,700 millones de pesos en 2021 a una proyección de 19,430 millones en 2026.
Esta evolución ocurre en un contexto en el que México enfrenta fenómenos meteorológicos más intensos y frecuentes, impulsados por el cambio climático, lo que exige una capacidad de respuesta más ágil
Más apoyo ante emergencias recientes
En lo que va del año, Hacienda ha destinado 4,500 millones de pesos para atender emergencias climáticas como el huracán Erik en Guerrero y Oaxaca, así como las inundaciones en el Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Parte de estos recursos fueron utilizados para distribuir despensas y ayudas directas a las familias afectadas.
Cada hogar censado ha recibido 20 mil pesos como apoyo inicial, con la promesa de nuevos recursos para quienes perdieron cultivos, negocios o bienes materiales.
Garantizar que los apoyos lleguen con transparencia y rapidez no es un gesto político, sino una necesidad básica en un país donde los desastres naturales se repiten cada año