Huachicol, el delito que se resiste a desaparecer

El robo de combustibles, conocido como huachicol, continúa siendo uno de los desafíos más complejos para México en 2025. A pesar de los operativos federales y estatales, las denuncias por sustracción ilegal de hidrocarburos han mostrado un repunte en diversas regiones del país. En los primeros cinco meses, Pemex presentó más de tres mil denuncias por robo de combustibles, mientras que las fuerzas de seguridad reportaron el aseguramiento de más de 69 millones de litros durante el último ciclo operativo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado que el huachicol sigue estrechamente vinculado con grupos del crimen organizado, particularmente con cárteles que diversifican sus actividades ilícitas para fortalecer su estructura financiera. Harfuch ha reiterado que no habrá impunidad, especialmente en casos relacionados con el llamado "huachicol fiscal", modalidad en la que participan empresarios, funcionarios públicos e incluso mandos de instituciones federales.

El impacto es especialmente visible en Guanajuato, uno de los estados más afectados. Entre 2023 y 2025, la entidad registró incrementos significativos en tomas clandestinas y operaciones ilícitas. Las autoridades estatales y federales han detectado desviaciones en ductos estratégicos y asegurado más de dos millones de litros de combustibles robados, cuyo valor para las organizaciones criminales supera los cuarenta millones de pesos. Aun así, nuevos centros clandestinos de distribución siguen apareciendo, lo que evidencia la persistencia del fenómeno.

Para Pemex, el costo económico es alarmante. Solo en el primer semestre de 2025 las pérdidas superaron los trece mil millones de pesos, un aumento respecto al año previo. La petrolera reconoce el impacto y promueve un sistema de trazabilidad obligatorio para controlar mejor el flujo de combustibles.