México y los países centroamericanos que integran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) anunciaron que redoblarán esfuerzos para proteger a las personas migrantes y atender el desplazamiento forzado en sus territorios.
El acuerdo se concretó durante la XVIII reunión anual del mecanismo, realizada en Heredia, Costa Rica, donde participaron México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
Las naciones reunidas señalaron que la región vive un incremento constante de personas que se ven obligadas a abandonar su hogar. Tan solo en México y Centroamérica se contabilizan más de 1,7 millones de personas desplazadas por causas como violencia, inseguridad o falta de oportunidades económicas. Esto significa que casi dos millones de personas no pueden vivir en su comunidad de origen por miedo o por necesidad extrema.
Durante el encuentro, los países adoptaron la llamada Declaración de Heredia, un documento en el que identificaron las causas principales del desplazamiento y se comprometieron a atenderlas de manera conjunta.
Entre las acciones previstas para 2026 destacan proteger los derechos humanos de los migrantes, atender la raíz del problema (como la pobreza y la violencia) y buscar soluciones duraderas que acompañen a las personas en todo su proceso migratorio.

La reunión estuvo marcada por el contexto regional, donde la política antiinmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado nuevas presiones para los países del sur. Ante ello, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, recordó que el derecho a solicitar asilo "es una obligación moral y jurídica" y que garantizarlo no debilita la soberanía de los países.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, destacó los avances recientes del Fondo MIRPS. En 2025, este mecanismo implementó su primera cartera de proyectos, financiada por España, que benefició a más de 24 mil personas desplazadas en Centroamérica y México. En la práctica, esto significa que miles de familias recibieron apoyo para acceder a vivienda, empleo o servicios básicos.
Los países del MIRPS también acordaron fortalecer la cooperación con instituciones financieras internacionales. El objetivo es apoyar tanto a las comunidades que reciben a personas migrantes como a quienes han sido desplazados. Esto incluye desde financiamiento para albergues y programas de empleo hasta apoyo directo a municipios con alta presión migratoria.
Al finalizar la reunión, Costa Rica entregó la presidencia rotatoria del mecanismo a El Salvador, que dirigirá los trabajos del MIRPS durante 2026. Con este cambio, los países buscan mantener la ruta acordada y dar continuidad a las estrategias que buscan reducir el impacto del desplazamiento forzado en la región.