En México, la inclusión laboral de personas con discapacidad sigue siendo una deuda pendiente. De acuerdo con los Censos Económicos del INEGI, solo entre 1.5% y 1.9% de las unidades económicas y empresas privadas del país emplean al menos a una persona con discapacidad.
De 7 millones de negocios y empresas que operan en el país, alrededor de 105,000 unidades económicas contratan a este sector. Es decir, poco más de 1 de cada 100 negocios abre sus puertas a personas con discapacidad.
El nivel de contratación varía de forma importante según el tamaño de la empresa. Las grandes empresas son las que más avanzan en este tema y alcanzan niveles de contratación cercanos al 10%. En contraste, los micronegocios y las PyMEs, que representan cerca del 99% del total de negocios en México, registran menos del 3% de contratación de personas con discapacidad.
Según datos de la ENADID del INEGI, la participación laboral de las personas con discapacidad es de 40.6%. En comparación, la participación de la población sin discapacidad llega al 68%.

En contra parte, empresas que sí contratan a personas con alguna discapacidad, logran hasta 30% más en márgenes de beneficio económico, 28% más ingresos y el doble de ingresos netos frente a sus pares que no tienen políticas de inclusión.
La rotación laboral promedio entre personas con discapacidad es de 1.27%, frente al 10% que registran las empresas sin objetivos de retención. Esa diferencia se traduce en ahorros operativos significativos por concepto de reclutamiento, capacitación e inducción.
Las organizaciones que priorizan entornos accesibles y libres de discriminación logran equipos más estables y con mayor sentido de pertenencia. Además del impacto directo en finanzas, las empresas inclusivas tienen hasta 25% más de probabilidades de superar a sus competidores en productividad.