Además de la falta de justicia en torno al centro de rehabilitación Crad, que este 01 de octubre se cumple un año del ataque, donde 5 personas murieron, persiste el abandono en materia de seguridad por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, lo que desde hace un año obligó al cierre de al menos siete grupos representados por esta unión que han sido blanco recurrente de ataques en otras localidades como Dolores Hidalgo y San José Iturbide.
El presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío Nicolás Pérez Ponce, declaró que a pesar de que las autoridades en el estado han declarado que se ha avanzado en el tema de regularización, solo nueve centros se encuentran al 100%, principalmente por el reconocimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones que deben tener estos sitios más allá de un permiso de uso de suelo.
A lo largo de un año, Pérez Ponce lamentó que no haya habido más avance en torno al tema, pues autoridades locales y estatales únicamente condenaron el ataque del cual los presuntos responsables lograron escapar después de arrojar estrellas ponchallantas para evitar ser perseguidos por la policía y la Guardia Nacional.