A cinco años de ataques en la Mixteca, comunidades indígenas exigen justicia

Las comunidades indígenas de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, en la región Mixteca de Oaxaca, reiteraron su exigencia de justicia, reparación integral y garantías de no repetición, al cumplirse cinco años de los ataques ocurridos del 21 al 23 de octubre de 2021, que dejaron dos personas asesinadas, cuatro desaparecidas, más de 150 viviendas incendiadas y alrededor de 30 familias desplazadas.

A través de un pronunciamiento público, los habitantes señalaron que las consecuencias de la violencia continúan afectando a sus comunidades y advirtieron que los hechos no pueden considerarse únicamente un conflicto agrario, sino una crisis de derechos humanos que vulneró la seguridad, el patrimonio y la vida colectiva de los pueblos indígenas.

De acuerdo con el documento, decenas de familias perdieron sus hogares, bienes y medios de subsistencia durante los ataques. Algunas todavía enfrentan dificultades para regresar a sus comunidades en condiciones seguras y dignas, además de las afectaciones físicas, emocionales y sociales derivadas del desplazamiento forzado.

Los habitantes sostuvieron que el reconocimiento de las víctimas no es suficiente si no se garantiza la restitución efectiva de sus derechos. Por ello, insistieron en la necesidad de establecer medidas que permitan recuperar sus viviendas, reconstruir sus redes comunitarias y brindar certeza sobre su futuro.

Comunidades enfrentan distintas necesidades

En Ndoyonuyuji, las familias desplazadas continúan a la espera de condiciones que permitan un retorno seguro, digno y voluntario, así como la recuperación de sus viviendas y de su vida comunitaria.

En Guerrero Grande, las propias familias han impulsado trabajos de reconstrucción para mantener la continuidad de su comunidad. Sin embargo, señalaron que estos esfuerzos no sustituyen las obligaciones del Estado en materia de protección, atención y reparación del daño.

Por su parte, en Mier y Terán persisten demandas relacionadas con el reconocimiento de sus autoridades, el acceso efectivo a recursos públicos y la atención de las necesidades colectivas.

Exigen verdad y garantías de no repetición

Las tres comunidades reiteraron que detrás de las cifras existen familias, niñas, niños, mujeres y personas mayores cuyas condiciones de vida continúan marcadas por la violencia.

A cinco años de los hechos, su exigencia se mantiene centrada en el esclarecimiento de lo ocurrido, el acceso a la justicia, la reparación integral y la implementación de medidas que eviten nuevas agresiones contra quienes defienden su territorio y sus bosques.