Un juez en Santo Domingo Tehuantepec resolvió dejar libres de toda culpa a 21 hombres y mujeres de la comunidad indígena chontal de El Coyul, quienes habían sido acusados de despojo por defender su territorio. Con esta decisión, se canceló la posibilidad de que enfrentaran hasta 15 años de cárcel, el pago de una multa cercana a 90 mil pesos y una indemnización aproximada de 55 millones de pesos, castigos que se pretendían imponerles por un conflicto de tierras en la zona costera.
El problema surgió por la disputa de alrededor de mil 400 hectáreas de playa, donde un grupo identificado como Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax, S.C., busca desarrollar proyectos turísticos privados.
Los pobladores señalaron que dicha agrupación es ajena a la comunidad y que intenta quedarse con tierras que pertenecen a 221 familias organizadas desde 1972, por lo que decidieron oponerse públicamente para evitar la destrucción de manglares y la construcción de hoteles y edificios. Tras revisar los argumentos y pruebas, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación penal contra los campesinos.
Luego del fallo, el vocero comunitario Saúl Robles afirmó que la resolución confirma que actuaron en legítima defensa de su tierra y denunció que durante años enfrentaron un proceso judicial que buscó criminalizar su resistencia, aunque advirtió que podrían intentar impugnar la decisión. Con la absolución, la comunidad anunció que ahora recurrirá a un proceso civil para recuperar formalmente la totalidad de las tierras en disputa.
Precisaron que 185 hectáreas están en poder de Joel Ricárdez y el resto bajo control de Rigoberto Cruz, a quienes responsabilizaron de cualquier acto de hostigamiento o violencia. Agradecieron el respaldo de pueblos vecinos, organizaciones sociales y de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, y reiteraron que permanecerán vigilantes para proteger su territorio.