La apertura en febrero de 2025 de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, que conectó Valles Centrales con la Costa de Oaxaca, detonó un "boom" inmobiliario en Puerto Escondido y otras localidades, conurbando más de 92 hectáreas de mangle en Chacahua y Huatulco y acelerando la formación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo; este crecimiento no planificado ha alterado usos de suelo, desplaza actividades productivas tradicionales y expone a miles de familias a deslaves e inundaciones.
Pero esto no es nuevo, desde 2019, en la capital del estado, se han identificado más de 800 asentamientos irregulares, concentrados principalmente en agencias municipales como Trinidad de Viguera, Pueblo Nuevo, San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan. Estas áreas, al no contar con reconocimiento oficial, enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos esenciales como agua potable, electricidad y drenaje. Mientras que en Puerto Escondido se registran inundaciones en calles recién urbanizadas, evidenciando la vulnerabilidad de estas colonias.
Este cambio alimenta la especulación del suelo, incrementa los precios de la vivienda y margina a las familias de menores ingresos, que terminan habitando zonas de riesgo donde los servicios públicos llegan de manera irregular.
El gobierno de Oaxaca busca ordenar y regular la propiedad rural y urbana en donde existan asentamientos humanos. En 2024, con una inversión de 249 millones de pesos entregó 370 escrituras de 2 mil 357 en total, a familias de Santa María Huatulco que vivían en asentamientos irregulares. De las familias censadas en 37 asentamientos, mil 600 ya fueron reubicadas y 700 se reubicarán en el corto plazo, dando seguridad jurídica a través de la escrituración de Predios, para regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos existentes.