La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que durante 2023-2024 quedaron sin comprobar 67.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en Oaxaca, cifra que lo ubica como el tercer estado con más montos observados tras Jalisco (83.4 mdp) y Veracruz (70.3 mdp). Estas irregularidades derivaron de "obras educativas pagadas sin concluir", entre las que se incluyen la construcción de aulas a cargo del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, el equipamiento de laboratorios en la Universidad del Istmo y módulos académicos en la Universidad de la Sierra Sur.
Como resultado de la auditoría individual, la ASF emitió un pliego de observaciones contra el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) y promovió procedimientos de responsabilidad administrativa para servidores públicos involucrados, buscando resarcir el posible daño al erario. En contraste, Puebla no registró montos pendientes por aclarar, mientras Veracruz afronta cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionadora (PRAS) por sus 70.3 mdp observados y Jalisco acumuló tres PRAS por 83.4 mdp.
Esta tendencia no es aislada: en el primer año de la actual administración del gobernador Salomón Jara, un informe de 2024 por la Auditoría Superior de la Federación reveló que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa y la Secretaría de Infraestructura del Estado (SINFRA) incurrieron en irregularidades que provocaron un posible daño al erario por 191 mdp, sin embargo declaraciones por parte del gobernador Jara menciona transparencia en el manejo de los recursos del pueblo.
En cuanto al nivel de comprobación, Oaxaca vinculó y pagó 99.9% de los mil 230.9 mdp auditados (equivalentes al 76 % de los 1 618.9 mdp transferidos), reintegrando 1.87 mdp a la Tesorería de la Federación; Veracruz, en cambio, dejó pendiente el 17 en porcentaje de sus montos auditados, y Puebla comprobó el 100 por ciento de lo transferido. Estos desvíos afectaron proyectos clave en zonas vulnerables de Oaxaca, obligando a redireccionar recursos estatales para garantizar la entrega de aulas, laboratorios y módulos escolares que la población de educación superior requiere con urgencia.