Bloqueo reaviva disputa ambiental por centro de residuos en Huayápam

El conflicto por el Centro de Gestión Integral de Residuos ubicado en la zona limítrofe entre Tlalixtac de Cabrera y San Andrés Huayápam volvió a intensificarse este miércoles, luego de que habitantes de Tlalixtac bloquearon con montículos de tierra el acceso hacia Huayápam a la altura de las presas.

La comunidad argumentó que el sitio representa un riesgo de contaminación para pozos, presas y suelos, y acusó a Huayápam de reactivar el uso del relleno sanitario pese al acuerdo firmado hace un año para reubicarlo.

Ante el cierre carretero, el presidente municipal de Huayápam, Abel Maclovio Pacheco García, reiteró su disposición para trasladar el centro, pero responsabilizó al Gobierno del Estado por incumplir el compromiso de financiar la reubicación del proyecto.

Explicó que el espacio cuenta con las autorizaciones de SEMARNAT, PROFEPA, SEGO y la Comisión Estatal del Agua, y aclaró que no opera como tiradero a cielo abierto. Señaló además que solo el uno por ciento de los residuos permanece en la zona gracias a convenios con la cementera Cruz Azul y el sitio de Lagunas.

Por su parte, autoridades de Tlalixtac, encabezadas por la regidora de Salud y Ecología, Alejandrina López Ruiz, afirmaron que el Gobierno estatal tampoco cumplió con los recursos prometidos para el traslado del relleno y que, debido a ello, Huayápam retomó el depósito de residuos en el área en disputa.

Recordaron que la represa localizada en ese punto es esencial para el riego agrícola y que su posible contaminación pone en riesgo la economía y salud de los habitantes, por lo que decidieron mantener el bloqueo hasta recibir una respuesta verificable de las autoridades estatales.

Tanto Huayápam como Tlalixtac coincidieron en que se trata de un conflicto derivado de la omisión gubernamental y no de una confrontación entre comunidades. A pesar de que en noviembre de 2024 se había alcanzado una tregua mientras se concretaba la reubicación, el proyecto no avanzó y el Gobierno del Estado no ha emitido aún un posicionamiento oficial ni explicado por qué se incumplieron los acuerdos, lo que mantiene la tensión activa en la zona.