Cada oaxaqueño pagó 28 mil pesos por inseguridad
En un panorama donde la violencia costó a México 4.5 billones de pesos en 2024, equivalente al 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, Oaxaca no escapa de esa factura: el estado absorbió 122 mil millones de pesos por inseguridad, unos 28 mil 939 pesos por habitante, cifra que refleja el peso individual de la violencia en el bolsillo familiar y supera en 3.4 por ciento el costo del año anterior, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Dentro de los sectores más golpeados está el turismo. La costa, con 6 millones de visitantes y 22 mil millones de pesos generados en 2024, ha visto cancelaciones masivas tras desapariciones y asesinatos en Huatulco y Zipolite, que han reducido la confianza de los turistas. En el comercio las extorsiones se dispararon: México registró 2 mil 792 carpetas por extorsión en el primer trimestre de 2025, y en Oaxaca este delito creció 18.6 por ciento en 2023, presionando a pequeños y medianos negocios a reforzar seguridad o cerrar. Mientras que, en el campo, transportistas denunciaron 16 asaltos en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en el primer trimestre de 2025, mientras productores de café y granos enfrentan cobro de "piso" y robos de mercancía, encareciendo costos de producción.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha reforzado su capacidad de investigación y atención a víctimas mediante el "Programa 159 Procuración General de Justicia" alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 lo que ha impulsado la apertura de carpetas de investigación con un promedio de mil 200 nuevos casos mensuales.
Desde abril de 2025, la Guardia Nacional operativa en Oaxaca puso en marcha ocho Coordinaciones Territoriales para reforzar la seguridad en corredores estratégicos como la costa y la Cuacnopalan-Oaxaca. Por su parte, Ejército y Guardia han realizado operativos de erradicación de plantíos ilícitos, destruyendo 235 cultivos y asegurando armamento en la entidad, acción que busca debilitar las finanzas de los grupos criminales, aunque su impacto en la reducción de delitos de alto impacto aún está por evaluarse.
