Centros de rehabilitación, ¿oportunidad de recuperación o riesgo mortal?

La noche en que se registró el presunto suicidio de Jaime H. V. dentro del centro "Obreros de Cristo", en la agencia de San Martín Mexicápam, encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad y las condiciones de los centros de rehabilitación en Oaxaca. De acuerdo con las primeras versiones difundidas por medios locales, el hallazgo ocurrió al interior del inmueble y movilizó a la Fiscalía y a las autoridades municipales. El hecho reavivó la discusión sobre si estos espacios representan una oportunidad de recuperación o, por el contrario, un riesgo para personas en situación de vulnerabilidad.

El panorama ya había sido señalado en 2024 por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos (CódigoDH), denominado "Contra su voluntad, informe sobre Centros de Atención de Adicciones en Oaxaca" analizó la situación de estos lugares. A través de redes sociales identificaron cerca de 60, aunque para 2022 solo uno estaba registrado ante la Comisión Nacional contra las Adicciones, entonces responsable de su regulación. El mismo informe reveló que entre 2019 y 2022 se documentaron en medios al menos 14 denuncias por violaciones a derechos humanos en estos lugares, derivando en 11 detenciones, mientras que la Fiscalía estatal mantenía abiertas 24 carpetas de investigación contra distintos establecimientos.

La investigación señaló que es común la operación de centros sin autorización ni vigilancia oficial, en condiciones de opacidad. Entre las prácticas detectadas se reportaron tortura, tratos crueles e inhumanos, lo que expone a los internos a un riesgo mayor.

El informe fue resultado de visitas a nueve centros ubicados en Valles Centrales y la Cuenca, realizadas junto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En estos recorridos se constató privación ilegal de la libertad, ingresos sin consentimiento informado, ausencia de atención médica permanente y condiciones de hacinamiento.

Aunque a nivel federal existen normas y guías técnicas que establecen requisitos clínicos y de operación para la atención de adicciones, su cumplimiento es desigual. El directorio nacional de centros reconocidos se actualiza periódicamente, pero contar con registros oficiales no asegura que todos los espacios ofrezcan seguridad, atención psicológica adecuada ni protocolos de contención en crisis.