Cinco años después, legalización no frena completamente los abortos inseguros en Oaxaca

Existen 8 estados en México donde el aborto sigue siendo penalizado, solo con ciertas excepciones legales. Lo que obliga a las entidades a reformar sus leyes y aplicar las excepciones que La Suprema Corte Nacional ha establecido que penalizar el aborto es inconstitucional. A cinco años de que Oaxaca se convirtiera en la primera entidad del sur del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, los avances son innegables, pero insuficientes.

Los datos oficiales muestran que el acceso a servicios seguros ha crecido, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), desde la reforma de 2019 hasta noviembre de 2025 se han realizado 2,685 interrupciones legales del embarazo (ILE) en 40 clínicas distribuidas en los 570 municipios del estado, todas de manera gratuita y con acompañamiento profesional.

Estas cifras demuestran que miles de mujeres y personas gestantes han podido evitar riesgos sanitarios. Sin embargo, aun con la existencia del modelo despenalizado, los servicios de salud calculan que cada año ocurren alrededor de 2,300 abortos clandestinos, estimando que por cada caso registrado existen cuatro más que no aparecen en estadísticas oficiales; esto podría significar hasta 9,200 procedimientos inseguros anuales.

El perfil de quienes llegan a los servicios formales se concentra en mujeres de entre 24 y 35 años. Actualmente, la Secretaría de Salud destina entre 3,000 y 5,000 millones de pesos al programa, de los cuales 2,000 millones provienen del gobierno estatal, aunque el alcance sigue siendo limitado para comunidades indígenas y zonas rurales donde el traslado implica horas de camino, costos elevados y escasa información.

Estas cifras contrastan con la realidad previa a 2019, cuando miles de oaxaqueñas se veían obligadas a recurrir a métodos riesgosos o a viajar fuera de sus municipios para interrumpir un embarazo. Si bien la despenalización representó un giro histórico y ha salvado vidas, la desigualdad territorial y el estigma que aún se nota en la sociedad e incluso en el personal que debería estar capacitado por la falta de infraestructura mantiene vigente una deuda con las mujeres del estado.