Colectivo DLR clave contra delitos sexuales digitales en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la desarticulación de una red de pornografía infantil que operaba desde la capital del estado con alcance nacional e internacional. La investigación se extendió por más de dos años y se activó tras una denuncia ciudadana anónima recibida al 089 del C5i. A partir de ese reporte, agentes especializados ubicaron un inmueble donde fue detenido el presunto operador de la red. Durante el cateo se aseguraron equipos electrónicos que contenían más de 170 gigabytes de material audiovisual, entre ellos más de 50 mil fotografías, 2 mil 683 videos y alrededor de 18 mil audios relacionados con explotación sexual infantil. De ese total, más de mil imágenes fueron consideradas evidencia clave de abusos.

La Fiscalía detalló que los hechos encuadran en diversos delitos previstos en el Código Penal de Oaxaca, como pornografía infantil, corrupción de menores, abuso sexual y violación de la intimidad sexual. La acumulación de estas conductas, dependiendo de la gravedad y el grado de participación de los imputados, podría derivar en penas que, sumadas, alcancen hasta 210 años de prisión.

El caso está vinculado con alertas emitidas por el Colectivo DLR de Ciberseguridad, que desde noviembre denunció la existencia de chats sexuales activos en redes sociales. Entre ellos destacó un grupo de pedofilia en Telegram con más de 350 usuarios, algunos identificados como presuntos padres o familiares que compartían material de estudiantes de secundaria de 13 y 14 años. Estas denuncias ciudadanas contribuyeron a reducir la actividad de parte de la red y a visibilizar el problema ante las autoridades.

El Colectivo DLR, con sede en Oaxaca y fundado en 2020 por Andy Torres, se ha consolidado como un actor clave en la detección y denuncia de violencia digital contra menores. Su labor incluye el monitoreo y documentación de grupos y perfiles en plataformas como Telegram, WhatsApp y Facebook, así como el acompañamiento a víctimas, talleres de seguridad digital y la difusión de información, ademas mantiene listados públicos de agresores verificados, con el objetivo de ejercer presión social y legal para que este tipo de delitos no queden impunes.