Organizaciones sociales de Oaxaca denunciaron los impactos negativos de los megaproyectos impulsados por el gobierno federal y la administración de Claudia Sheinbaum, señalando que las obras han generado devastación ambiental y aumento de la presencia del crimen organizado en las comunidades afectadas.
Durante el foro "Los Pueblos y las Alternativas de Vida Frente a la Ilusión del Desarrollo" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, los participantes señalaron que proyectos como carreteras, presas y penales de alta seguridad provocan deforestación, contaminación del agua, acaparamiento de tierras y monocultivos, además de vulnerar los saberes tradicionales y generar desigualdad económica.
Se denunciaron casos concretos de minería en Oaxaca, como los proyectos Altagracia y Arista, propiedad de una empresa estadounidense, y "San José", de la empresa peruana JRS Ingeniería, donde se registran impactos ambientales, división social y violencia contra defensores del territorio. Recordaron los asesinatos de Bernardo Vásquez Sánchez en 2012 y de Tomás Martínez Pinacho en 2020, como ejemplos de la criminalización hacia quienes protegen los recursos naturales.
Los organizadores del foro señalaron que estos megaproyectos se implementan sin considerar la voluntad de las comunidades, y criticaron que los gobiernos actuales priorizan los intereses de empresas nacionales, extranjeras y de grupos de poder, manteniendo prácticas similares a administraciones anteriores y perpetuando conflictos sociales y ambientales.