Claudia Sheinbaum concluyó su primer año al frente del gobierno federal con una aprobación histórica del 78%, la más alta en dos décadas, respaldada por avances en programas sociales y manejo económico. Sin embargo, la organización México, ¿Cómo vamos? identifica cinco pendientes clave en esta primera etapa de su administración, los cuales tienen implicaciones directas en estados como Oaxaca.
El primer gran reto es el dinamismo económico. Si bien la recaudación aduanera creció 22%, el mercado laboral no logra absorber a toda la población económicamente activa, lo que limita las oportunidades de empleo y crecimiento en diversas regiones. En Oaxaca, donde la informalidad laboral supera el promedio nacional, este rezago se hace evidente en comunidades rurales y urbanas con pocas opciones productivas.
En materia energética, la prioridad del gobierno ha sido el rescate financiero de Pemex, con inyecciones millonarias de recursos. No obstante, esta estrategia ha recibido críticas porque frena la transición hacia energías limpias, un aspecto crucial en territorios como Oaxaca, donde la biodiversidad y la riqueza natural se ven amenazadas por proyectos que no contemplan sustentabilidad.
En el terreno de la seguridad, pese a la reducción nacional del 32% en homicidios, la percepción social refleja un deterioro en la confianza hacia las instituciones y la violencia en varias entidades.
Entre las medidas impulsadas por la federación destacan el Plan México, con inversión en infraestructura estratégica, el fortalecimiento del sistema de bienestar mediante pensiones, becas y salud.
En el ámbito fiscal, el Paquete Económico 2026 busca sostener programas sociales y aumentar la inversión pública. Para Oaxaca representa un incremento del 6.4% en participaciones y aportaciones, equivalente a más de 69 mil millones de pesos. Estos recursos priorizan salud, educación, seguridad e infraestructura, además de 25 mil millones para el Corredor Interoceánico del Istmo y 20 mil millones para obras hidráulicas como la Presa Margarita Maza, destinada a garantizar el abasto de agua a la capital del estado.