En el Congreso del Estado se abrió un intenso debate sobre si el próximo gobierno de Oaxaca, que iniciará en 2028, debe tener una duración de dos o cinco años, enfrentando posturas que cruzan por la legalidad, la eficiencia administrativa y la equidad de género.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Benjamín Viveros Montalvo, aseguró que la reforma constitucional que fija un mandato de dos años es legal y está respaldada por la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Decreto 1624. Explicó que esta medida busca homologar las elecciones locales con las federales, lo que reduciría costos y fortalecería la participación ciudadana.
En contraste, la diputada Concepción Rueda Gómez, de la misma bancada, presentó una iniciativa para ampliar el periodo a cinco años, señalando que un plazo tan reducido impide la consolidación de políticas públicas y limita el margen de transformación de cualquier administración. Añadió que desde la experiencia en gobiernos municipales, dos años resultan insuficientes para aplicar proyectos de largo alcance.
Rueda también subrayó un posible impacto en materia de derechos políticos de las mujeres, pues existe alta probabilidad de que en 2028 una mujer asuma la gubernatura. "La austeridad no debe estar por encima del principio de equidad de género", enfatizó.
La propuesta será revisada en comisiones legislativas, en un contexto donde Oaxaca se prepara para una elección decisiva y donde persiste la disyuntiva entre priorizar la eficiencia electoral o permitir un gobierno con mayor margen de acción.