Crisis hídrica, México país sediento

México tiene sed, enfrenta una severa crisis del agua y no es sólo por las sequías recurrentes, sino por fallas en la gestión del recurso, ausencia de políticas públicas eficientes, corrupción y presencia del crimen organizado.

En México persiste el robo de agua, el manejo irregular de concesiones para su uso, infraestructura vieja y obsoleta, fugas permanentes en las principales ciudades, desperdicio por sistemas de riego y, peor aún, contaminación del vital líquido.

Prueba de esto es la grave crisis de agua contaminada que ya acumula varios meses en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y que sigue sin solución, afectando a miles de familias. 

Desde hace más de tres años, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, abren la llave y encuentran agua turbia, con sedimentos y mal olor, realidad que la autoridad reconoce y por la cual admite que ha fallado en sus procesos de cloración y purificación.

Dejando sedimentos, compuestos químicos que no deberían estar presentes en el agua y, sobre todo, materia fecal que provoca serias enfermedades.

En un informe a junio de 2026, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco confirmó que 18 por ciento de las muestras analizadas estaban contaminadas.

Y aunque el titular de COPRISJAL, José Antonio Muñoz Serrano, intentó minimizar la cifra, la Secretaría de Salud del estado recomendó no usar el agua de la llave para beber, cocinar ni cepillarse los dientes, y limitar su uso a limpieza siempre que no presentara coloración ni olor intensos.

Un paralelo realizado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, junto con asociaciones vecinales, e investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO; y la Universidad de Guadalajara, mostró agentes contaminantes en 93 por ciento de las 184 muestras tomadas en 90 colonias. 

Lo peor, es que este tipo de problemas se dan en múltiples ciudades del país. 

En abril de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México se vio obligado a aceptar tras las quejas vecinales, que un pozo de agua potable estaba contaminado con hidrocarburos, lo que provocó daños a decenas de personas y animales, seguido de un un severo desabasto del líquido en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez.

Esto sucede en dos de las ciudad más pobladas del país, pero en el resto, ni siquiera hay estudios recurrentes sobre la calidad del agua que llega a los hogares ni sobre los riesgos sanitarios que representan, especialmente en temporadas de sequía y calor, donde las infecciones se incrementan.

Robo descarado

En la última década del siglo pasado, el gobierno federal intentó ordenar el flujo del agua a través de una ley que otorga concesiones para el uso del líquido?

Tres décadas después, hay más de 530 mil concesiones en el territorio y una buena parte de éstas se utiliza para fines distintos para los cuáles se otorgaron?

"En pleno sexenio de lucha y defensa por el agua, Conagua hace todo lo contrario, defiende a los privados, defiende a las empresas y permite la expropiación irracional de los manantiales".

Así lo denunció Ramón Velázquez, presidente del Comité de agua de la localidad de San Miguel del Monte, en Morelia, capital del Estado de Michoacán, comunidad que sufre el robo de sus manantiales y ese recurso es utilizado para beneficio de una empresa.

Es un ejemplo que ilustra el robo sistemático del vital líquido que se hace al amparo de autoridades que incumplen su obligación de revisar los títulos de concesión o que se utilicen para los fines autorizados.

Patricia Ávila, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, advierte que las comunidades rurales y pueblos indígenas son las principales víctimas de estos robos tolerados.

"Muchos pueblos han sido despojados de sus aguas, muchos grandes productores, industriales, agricultores de exportación, son los que han logrado tener esas grandes concentraciones de agua".

El 1 de diciembre de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aguas Nacionales que estableció los criterios para otorgar concesiones a particulares para el uso y aprovechamiento del agua

A la fecha, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado 535 mil 839 concesiones, de las cuáles 45.7 por ciento son para uso agrícola, mientras que una de cada cuatro se utiliza para el servicio público urbano; es decir, para regar jardines o para alimentar fuentes y estanques en parques públicos.

Sin embargo, la propia Conagua reconoce que diez por ciento de las concesiones otorgadas se utilizan para fines distintos? pero ninguna concesión ha sido retirada?

Es vez de usarse para riego, el agua la llevan a desarrollos inmobiliarios o para la actividad industrial., justo el problema que enfrentan los pobladores de San Miguel del Monte, en Morelia, Michoacán.

"Y empezó a haber como acaparamiento de agua y desvíos de destinos originales; derechos de los pueblos, derechos de las comunidades a tener el agua, se fue desviando para otros usos y entonces la situación que tenemos en 2025 es una situación crítica", dice la investigadora Patricia Ávila.

Al respecto, Alejandro Salcedo, presidente del consejo directivo de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, afirma que "a la par de que los organismos operadores en las ciudades, sobre todo las que están sometidas a un estrés hídrico, se les haya dificultado la suficiencia del agua, para hacerla llegar a los hogares".

A decir de especialistas, la ley de 1992 convirtió el agua en mercancía, por encima del derecho humano al recurso y con ello, esquemas de corrupción y robo que provocan escasez en poblaciones enteras y riesgos a la seguridad.

Mafias tras el robo de agua

En muchos casos, esta corrupción o desinterés institucional permite que mafias se apoderen del agua.

Se roban el agua a plena luz del día y la revenden entre las poblaciones necesitadas a precios desproporcionados y con sus esquemas de tandeo a su gusto.

De acuerdo con la Conagua, de 2019 a 2022 clausuró 256 pozos ilegales que tenían la capacidad de abastecer diariamente hasta 300 pipas con capacidad de diez mil litros cada una.

La reventa va desde los mil a los diez mil pesos por pipa, dependiendo de la localidad, municipio y estado y el costo se multiplica en aquellos donde hay escasez recurrente o se encuentran en temporadas de estiaje.

Sólo entre 2024 y 2025, los municipios de Ecatepec, Estado de México; Tehuacán, Puebla; y Xalapa, Veracruz concentraron la mayor cantidad de denuncias por tomas clandestinas.

Por ejemplo, entre octubre y noviembre de 2025, el Gobierno del Estado de México logró clausurar 50 pozos y 138 tomas clandestinas en 48 de los 125 municipios mexiquenses, gracias a la "Operación Caudal", que permitió además la detención de tres sujetos identificados como líderes de estas mafias.

Sobre esto, Antonio Gutiérrez Marcos, ex director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México, dependiente de la Conagua, reconoce que hay un subregistro del robo de agua.

"Yo creo que están en un subregistro muy importante, realmente el huachicol del agua es uno de los elementos que más está perjudicando a los organismos operadores y obviamente el sistema de aguas o la secretaría no se salva".

Las otras tomas clandestinas están en las regiones agrícolas.

"Hemos identificado mucho en cuestiones de agro exportación, fresera de berries, muchísimo pozo clandestino y la autoridad realmente no hace nada, aún con denuncias", dice Patricia Ávila, académica de la UNAM.

Pero la cifra negra es mayor, pues no hay registros oficiales sobre la cantidad de tomas ilegales ni sobre el mercado negro en la reventa de concesiones o de cuántas realmente se usan para fines distintos.

En algunos casos, estas anomalías crecen cuando hay presencia del crimen organizado, como advierte Alejandro Salcedo, de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego.

"Justo donde hemos identificado estos temas de despojos de agua o de irregularidades en cuanto a pozos clandestinos, en donde hay este acaparamiento, siempre está presente el crimen organizado".

Y lo que falta es presencia del Estado. A mayo de 2025, la Comisión Nacional del Agua contaba apenas con 226 inspectores para vigilar miles de kilómetros de redes de agua, instalaciones y pozos, para identificar tomas clandestinas o verificar el uso correcto de las concesiones.

Casos destacados como extracciones irregulares de cientos de metros cúbicos de agua de la zona lacustre del país; tuberías que sacan agua sin permisos en los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo en Michoacán; o el de Chapala en Jalisco; mientras las presas del país enfrentan una crisis hídrica permanente que las recientes temporadas de lluvia no logran resolver.

Infraestructura que no alcanza

Al inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció 18 proyectos de infraestructura hidráulica, con una inversión de 110 mil 302 millones de pesos para garantizar agua para 24.6 millones de habitantes y al menos 100 mil hectáreas de campos agrícolas.

Pero las promesas de infraestructura nueva no alcanzan cuando las tuberías existentes son viejas y obsoletas, con antigüedad de hasta 70 años y que provocan fugas que no se pueden localizar porque están en el subsuelo, hasta que un socavón se vuelve inevitable.

A las presas secas, robo de agua y uso indebido de concesiones, se suma otra crisis, que el agua se pierde antes de llegar a las personas o llega sucia y contaminada.

De nuevo la misma Comisión Nacional del Agua reconoce que hasta 40 por ciento, dos de cada cinco litros de agua, se pierde antes de llegar a los hogares, porque las tuberías son viejas, están rotas y enfrentan fugas que no se ven a simple vista.

La red de agua potable es de 13 mil 444 kilómetros lineales, que en promedio tiene 75 años; es decir, ya superó su vida útil, considerando que ya ni siquiera responden a las necesidades actuales de cada ciudad.

¿Y la autoridad? Simplemente no tiene la capacidad para atender las miles de denuncias por fugas de agua que provocan la pérdida de millones de litros cada día.

Sólo en Ciudad de México la Secretaría de Gestión Integral del Agua, recibe entre ocho mil y diez mil reportes al año? 27 reportes cada día y sólo porque la fuga es visible; hay una cifra negra de tuberías rotas que están bajo tierra.

"Hay muchas fugas que no se registran vía telefónica, a veces se detectan por ciudadanos, los propios medios las detectan personal de la secretaría y yo sí creo que normalmente la eficiencia que tienen de trabajo en general los organismos operadores en el país no llega al 60 por ciento", dice Antonio Gutiérrez.

Y estas fugas son una amenaza permanente, pues reblandecen el suelo hasta formar socavones.

Los gobiernos locales, las alcaldías y municipios, ni siquiera los más grandes, cuentan con sistemas de monitoreo ni tecnología para identificar fallas en el flujo del agua que permita suponer la existencia de fugas en el subsuelo.

Y sin medición no hay control ni se sabe con precisión la cifra exacta de litros perdidos.

Eduardo Ortegón Williamson, titular de Servicios de agua y Drenaje de Monterrey, Nuevo León, afirma que "como toda infraestructura, con el paso del tiempo y como va pasando su vida útil pues las fugas tienden a ser más recurrentes, eso es una realidad no nada más de Monterrey, sino de todas las grandes ciudades del mundo".

La red hidráulica del municipio de Monterrey alcanza los 19 mil 821 kilómetros, pero más de 12 mil tienen más de 15 años de antigüedad.

En Jalisco, el panorama se mide distinto.

Trece de 125 municipios reconocen un total de 141 mil 312 fugas, del resto no hay información? y si agregamos la totalidad de dos mil 478 municipios en el país, no hay registros ni de fugas, ni de denuncias y menos de cuántos litros se pierden cada segundo.

"No hay una sectorización, ni un control, ni una medición, para que se pueda dar los datos de cuántas fugas tienes, cuanto pierdes en cada fuga", dice Gutiérrez Marcos, ex funcionario de Conagua.

Y entre desperdicio y fugas, vamos perdiendo uno de los recursos más importantes para nuestra supervivencia.