Crueldad animal persiste en Oaxaca, ¿y la protección animal?

El maltrato animal en Oaxaca, al igual que en gran parte del país, continúa siendo un problema persistente y de amplio alcance. A nivel nacional, organizaciones estiman que hasta siete de cada diez animales domésticos sufren algún tipo de abuso, una tendencia que se refleja en el estado, donde la Fiscalía ha iniciado decenas de carpetas de investigación en los últimos años. Tan solo en 2024 se abrieron 82 indagatorias por maltrato y crueldad animal, y los operativos de rescate han permitido asegurar a cientos de animales en condiciones de abandono o abuso.

Las regiones del Istmo, Valles Centrales y Mixteca se repiten con frecuencia en reportes oficiales y notas locales como escenarios de casos graves que van desde disparos y abandono extremo hasta episodios de violencia sexual, Estas denuncias han obligado a la Fiscalía a coordinar peritajes y rescates en comunidades distantes entre sí, sin que ello haya frenado la continua aparición de nuevos hechos.

El caso reciente, ocurrido en Salina Cruz, reavivó el debate sobre la impunidad en delitos de crueldad animal cuando la Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo la vinculación a proceso y posterior sentencia contra el imputado. Colectivos protectores, exigieron que el caso no quedara impune, como ha ocurrido en otros episodios similares en la región.

Si bien en 2024 Oaxaca avanzó al aprobar la Ley Estatal de Protección y Bienestar Animal, que amplía definiciones y establece obligaciones institucionales, el marco penal vigente solo tipifica el delito de maltrato animal dentro del título vigésimo cuarto del Código Penal. Este contempla penas de tres meses a dos años de prisión y multas de 100 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización vigente cuando se cause muerte, sufrimiento o lesiones de manera dolosa. También sanciona las peleas de perros, su promoción y la cría para este fin, con penas que pueden alcanzar cinco años.

Expertos y activistas advierten que la crueldad animal no solo es un problema de bienestar, sino un indicio temprano de otras formas de violencia social, como abuso familiar o acoso, lo que vuelve urgente una respuesta institucional más firme y efectiva.