Cultura oaxaqueña protegida: nace registro contra apropiación indebida

Oaxaca anuncia un sello para proteger su cultura: tras la polémica internacional por las sandalias "Oaxaca Slip-On", el gobierno estatal presentó en agosto de 2025 la creación del Registro Estatal del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, una base oficial que, promete la administración, identificará saberes, técnicas y diseños para evitar plagios y exigir autorización previa para usos comerciales.

La medida llega en medio de la reacción contra Adidas y el diseñador Willy Chavarría por reproducir huaraches tradicionales sin consentimiento, lo que motivó pronunciamientos oficiales, denuncias del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y compromiso público de diálogo y reparaciones. El objetivo explícito del registro es crear reglas claras: quiénes son los titulares colectivos, qué prácticas se protegen, y qué trámites exige la autorización.

Oaxaca cuenta con 16 grupos étnicos que representan el 30 % de los 56 pueblos indígenas reconocidos en México, la cifra más alta a nivel nacional, sin embargo, el Sistema de Información Cultural reporta 13 pueblos indígenas oficialmente listados, incluyendo zapotecos, mixtecos, mixes, entre otros.

En términos prácticos, las piezas públicas disponibles hasta ahora señalan que será un padrón y marco normativo destinado a identificar y reconocer expresiones culturales colectivas como patrimonio intangible del estado, documentarlas oficialmente y servir de referencia para exigir autorizaciones cuando su uso pase a escala comercial; esa lógica se apoya en la protección que ya reconoce la normativa federal sobre patrimonio y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos.

El caso y el registro proyectan al Estado a coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y otras instancias para vincular el registro con trámites de propiedad colectiva, reglamentar sanciones a apropiaciones y crear protocolos de consulta y consentimiento previo; si se implementa correctamente, puede marcar un precedente para que los derechos culturales se traduzcan en contratos, regalías y políticas de compras públicas que favorezcan a las comunidades.