DDHPO señala graves fallas en detención y custodia del feminicidio de Tamara

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 23/2025 tras documentar irregularidades en la detención y resguardo de Andrea Tamara B. A., quien murió el 13 de septiembre dentro de los separos municipales de Salina Cruz. 

De acuerdo con la institución, no existe evidencia de que la joven fuera informada sobre las razones de su detención ni de que se hubieran aplicado los procedimientos básicos para presentarla ante una autoridad competente. Además, no contó con defensa, comunicación con familiares ni una certificación médica adecuada pese a que, según el registro oficial, presentaba signos de estar bajo efectos de sustancias.

El organismo detalló que estas omisiones vulneraron su derecho a la libertad personal, a la seguridad jurídica y a la integridad física. En videograbaciones no aparece ninguna revisión médica al ingreso, aun cuando se asentó que la detenida mostraba alteraciones que requerían atención especializada. Esta falta de valoración oportuna elevó su nivel de riesgo. 

El hecho reaviva críticas por un patrón de deficiencias en la corporación municipal, similar al caso de Abigail H. Urrutia, fallecida en circunstancias parecidas en 2022. La Defensoría puntualizó que, una vez recibido el Informe Policial Homologado, el juzgado cívico tenía la obligación de garantizar audiencia, escuchar directamente a la detenida y conducir el procedimiento con apego a las formalidades esenciales, lo cual no ocurrió. 

Asimismo, subrayó que la certificación médica fue deficiente y que no se garantizó el acceso a servicios de salud, pese a los signos reportados por el personal del juzgado.

Ante estos hallazgos, la Recomendación 23/2025 dirigida al Ayuntamiento de Salina Cruz plantea medidas para reparar daños y evitar que hechos similares se repitan. Propone inscribir a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, brindar atención psicológica y tanatológica especializada, emitir una circular que prohíba ingresar personas a los separos sin haberlas presentado formalmente ante el Juzgado Cívico y garantizar un servicio médico que evalúe a todas las personas desde su ingreso.