Decreto 24: ahorro anunciado, conflicto prolongado

En diciembre de 2024 el Congreso de Oaxaca aprobó el Decreto 24, instruido por el gobernador Salomón Jara, que suprimió 1,344 plazas administrativas del gobierno del estado bajo el argumento de austeridad y de que eran "irregulares"; por lo que al suprimirlas habría un ahorro superior a 2 mil millones de pesos de su administración. El decreto quedó publicado en el Periódico Oficial y, desde entonces, la medida detonó despidos masivos, protestas y procesos judiciales.

En agosto del 2025 el gobierno estatal anunció la reincorporación de los servidores públicos afectados comunicando la devolución de más de 630 plazas, afirmando el regreso de los mil 344 puestos que, según la administración, serían restituidos con antigüedad y prestaciones, decisión que el Ejecutivo atribuye a procesos de revisión administrativa y a la atención de las controversias generadas por el decreto. Sin embargo, la implementación se ha hecho de forma escalonada y caso por caso, lo que mantiene la tensión en la base trabajadora.

El reproche reciente se centra en la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Trabajadores del Sindicato de Burócratas marcharon en octubre para denunciar que la administración aplicó descuentos retroactivos para saldar una deuda de 600 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) del Estado, una práctica que califican de ilegal; por lo que exigen la devolución de las retenciones y transparencia en el manejo de recursos. Partidos y legisladores han respaldado públicamente a los trabajadores en sus demandas.

El gobierno sostiene que los pagos y reinserciones se efectúan conforme a la ley y que algunos conceptos no son retroactivos, además de ofrecer trámites administrativos en la Junta de Arbitraje y la Secretaría de Administración para regularizar plazas. No obstante, los afectados reclaman aceleración de procesos, acceso a justicia laboral y esclarecer la actuación sindical y contratos con despachos externos