Decreto 24 deja a cientos sin empleo, ni respuesta
Las manifestaciones de burócratas en Oaxaca escalaron con bloqueos como en la caseta de cobro número 79 ubicada en San Pablo Huitzo el pasado 23 de mayo, en exigencia de la restitución de sus derechos laborales y protestas en Palacio de Gobierno donde recibieron actos de intimidación por parte de policías estatales Los manifestantes exigen la reinstalación de 677 trabajadores cuyas plazas fueron eliminadas por el Decreto 24, aprobado en diciembre de 2024. Este decreto suprimió 1,344 plazas administrativas, de las cuales 667 han sido reinstaladas. Los afectados mencionan que la revisión de casos benefició principalmente a familiares y allegados de funcionarios y líderes sindicales, dejando fuera a trabajadores con antigüedad y méritos comprobados.
El Gobierno del Estado, encabezado por Salomón Jara Cruz, justificó la medida argumentando un crecimiento desmesurado y desproporcional de la burocracia en el sexenio anterior, donde las plazas de base aumentaron en un 47.8%, pasando de 8 mil 187 a 12 mil 244. Señaló que muchas de estas plazas fueron otorgadas de manera irregular, incluso a personas sin cumplir con los requisitos mínimos, y que algunas se vendieron por hasta 600 mil pesos en lo que denominaron "ventas nocturnas".
Para las familias afectadas, la pérdida de ingresos ha significado recortes en la canasta básica: quienes ganaban hasta 8 mil pesos mensuales deben ahora buscar empleo informal mientras que adultos mayores temen no poder costear tratamientos crónicos.
Sin la plantilla completa, trámites como expedición de actas de nacimiento, servicios médicos y atención jurídica en ventanilla han sufrido demoras de entre 15 y 30 días. En municipios del interior, las oficinas de Salud y Bienestar Social reportan una reducción de hasta el 40 % en personal administrativo, lo que retrasa desde jornadas de vacunación hasta entrega de apoyos sociales.
Los ex trabajadores exigen una mesa de diálogo principalmente con la Secretaría de Administración y el Ejecutivo, pero las sesiones programadas se han aplazado en al menos tres ocasiones desde enero; y hasta ahora, el Ejecutivo estatal no ha detallado un plan claro y público para revisar caso por caso.
