Defensoría de Oaxaca señala omisiones de Fiscalía antes del homicidio de periodista

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió este 30 de octubre de 2026 la Recomendación 16/2026 contra la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), tras acreditar violaciones a los derechos humanos del periodista Alejandro Leyva, asesinado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, luego de denunciar amenazas de muerte, hostigamiento e intimidaciones relacionadas con su actividad profesional.

De acuerdo con la investigación de la Defensoría, en julio de 2025 el periodista solicitó la intervención del organismo ante las agresiones que enfrentaba, entre ellas ataques en medios electrónicos, amenazas telefónicas y actos de intimidación. En ese momento manifestó temor de que los hechos aumentaran de gravedad y pusieran en peligro su vida.

Posteriormente, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por amenazas; sin embargo, esta instancia determinó que no tenía competencia para atender el caso y lo remitió a la Fiscalía estatal. Durante el seguimiento, la DDHPO identificó que la víctima desconocía el número de la carpeta de investigación y qué autoridad ministerial estaba a cargo.

En febrero de 2026, el periodista continuaba recibiendo amenazas y agresiones, por lo que la Defensoría volvió a solicitar información a la Fiscalía sobre las acciones emprendidas, sin obtener respuesta. También pidió la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin recibir contestación.

Exigen medidas de reparación y prevención

Tras el homicidio ocurrido el 22 de julio de 2026, la DDHPO documentó deficiencias institucionales en la atención de las denuncias, falta de seguimiento y ausencia de una investigación con la debida diligencia reforzada que requería el nivel de riesgo del comunicador.

Entre las medidas solicitadas a la FGEO se encuentra garantizar la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, proporcionar atención psicológica y tanatológica gratuita, además de emitir un protocolo de protección para personas afectadas por delitos contra la libertad de expresión.

La recomendación también contempla una disculpa pública a los familiares, la revisión de las carpetas relacionadas con el caso y la colaboración con la FGR para aportar información que contribuya al esclarecimiento del homicidio.

La Defensoría subrayó que las agresiones contra periodistas no afectan únicamente a quienes las padecen, sino también el derecho de la sociedad a recibir información. Por ello, llamó a fortalecer las instituciones y garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en Oaxaca.