Denuncian escalada de violencia y criminalización en Oaxaca

"Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria", elaborado por Servicios para una Educación Alternativa (Educa), documenta un panorama crítico de derechos humanos durante el gobierno de Salomón Jara Cruz, con 32 asesinatos de personas defensoras y 44 agresiones individuales en los últimos dos años y nueve meses.

Además de los ataques a personas, se registraron 70 agresiones contra comunidades, colectivos y organizaciones sociales, en su mayoría de origen indígena. De hecho, el 86% de las víctimas pertenecen a pueblos originarios, siendo los zapotecos (35.1%), ayuuk-mixe (17.6%), triquis (11.4%), mixtecos y mazatecos (7% cada uno) los más afectados. Educa subraya que la violencia tiene un claro sesgo étnico.

El análisis revela 166 hechos conflictivos en este periodo, equivalentes a más de un evento por semana. Los principales son conflictos agrarios (44 casos), la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (42 casos) y la operación ilegal de proyectos mineros en Valles Centrales y Sierra Norte. Según el informe, las autoridades estatales (24.6%) son señaladas como los principales agresores, seguidas por poderes fácticos (22.8%) y autoridades federales (21.1%).

Durante la presentación del informe, Neftalí Reyes Méndez, coordinador de Derechos Territoriales de Educa, afirmó que bajo la llamada 4T se ha intensificado la criminalización de defensores, con procesos judiciales desproporcionados y penas ejemplares que buscan frenar la resistencia comunitaria frente a megaproyectos.

Alertó que el Istmo de Tehuantepec concentra el 50% de las agresiones y conflictos, advirtiendo que Oaxaca se perfila como una "prueba piloto" de políticas de militarización y control territorial donde confluyen intereses empresariales, autoridades y crimen organizado.