Denuncian hostigamiento contra víctimas de masacre en San Mateo del Mar

El Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la masacre de San Mateo del Mar denunció en la capital del estado presuntos actos de hostigamiento, acoso y agresiones contra integrantes de la organización, por los hechos ocurridos en Huazantlán del Río en el 2020. 

Durante un pronunciamiento público, responsabilizaron a personas a quienes señalaron de mantener acciones de intimidación y solicitaron medidas de protección para cada uno de los integrantes del comité de víctimas.

Señalan agresiones durante audiencias

Los integrantes del comité afirmaron que las agresiones se presentaron mientras se desarrollaban las audiencias relacionadas con el caso de Inocencio Irizarri Salazar, por la masacre en la que fueron asesinadas 15 personas: 13 hombres y dos mujeres.

De acuerdo con su denuncia, dos compañeras que mantienen un puesto de protesta en el parque Labastida fueron agredidas. También acusaron a Camerino Dávalos y a otras personas de realizar presuntos actos de acoso, calumnias y agresiones contra las víctimas y sus familiares.

Asimismo, señalaron que después de la sentencia emitida el pasado 13 de octubre, Raúl Rangel habría iniciado una campaña de hostigamiento en San Mateo del Mar. El comité lo identificó como uno de los presuntos responsables intelectuales de la masacre y sostuvo que podría temer las declaraciones de las personas detenidas por este caso.

Rechazan criminalización de la protesta

Durante su pronunciamiento, también rechazaron los señalamientos contra Jorge Arroyo, a quien identificaron como acompañante de las víctimas en su exigencia de justicia. Consideraron que la organización y las acciones de protesta no deben utilizarse para criminalizar a quienes buscan esclarecer los hechos.

Además, cuestionaron que desde la Secretaría de Interculturalidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se pretenda, según su versión, distorsionar lo ocurrido y señalar a quienes participan en las movilizaciones.

Finalmente, exigieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitir medidas de protección para los integrantes del comité.