Derechos humanos marcados por violencia en 2.5 años de administracion de Jara

Oaxaca enfrenta un escenario de violencia para quienes defienden derechos humanos, sus territorios y sus comunidades. El informe Criminalización: respuesta del Estado frente a la defensa comunitaria, elaborado por Educa Oaxaca, documenta que en los primeros dos años y medio de la actual administración estatal se registraron al menos 44 agresiones individuales contra personas defensoras y 70 ataques colectivos dirigidos a comunidades, movimientos y organizaciones sociales. De ese total, 27 fueron atentados graves contra la vida, que incluyen homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Organizaciones como Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y plataformas de derechos humanos advierten que la violencia no se limita a hechos aislados, sino que alcanza a procesos organizativos completos. La criminalización, el hostigamiento y los asesinatos figuran como las agresiones más frecuentes. Paralelamente, se ha registrado un número significativo de asesinatos de defensores a nivel nacional; entre octubre de 2024 y octubre de 2025 hubo al menos 10 personas defensoras asesinadas en Oaxaca, lo que representa casi el 30 % de los homicidios de defensores en México en ese periodo.

La región del Istmo de Tehuantepec acumula alrededor del 50 % de los casos documentados, donde la defensa del territorio frente a proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha convertido a comunidades enteras en blancos de violencia. En 2025, un ataque armado contra integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) dejó tres campesinos asesinados en una emboscada vinculada a su labor comunitaria.

A ello se suma la vía judicial como mecanismo de presión. Al menos 24 defensores indígenas enfrentan procesos penales considerados formas de criminalización de la protesta. El caso de Pablo López Alavez, sentenciado en marzo de 2025 a 30 años de prisión tras un juicio calificado como arbitrario por organizaciones civiles, ejemplifica la persecución prolongada contra quienes defienden derechos colectivos. Las cifras y testimonios confirman que en Oaxaca la defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo; sin políticas públicas eficaces y mecanismos reales de protección.