Diputados exigen destitución de presidente de Salina Cruz por suicidios de mujeres

La diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez, solicitó formalmente la destitución del presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, luego de que se reportaran los suicidios de dos mujeres bajo custodia de la policía local.

El más reciente ocurrió el pasado fin de semana con Andrea, localizada sin vida en los separos municipales, mientras que hace tres años falleció Abigail Hay en circunstancias similares. La legisladora enfatizó que ambos casos ocurrieron bajo la misma autoridad y exigió transparencia, honestidad y resultados claros en las investigaciones.

Rueda Gómez hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la autoridad municipal para garantizar una investigación imparcial y detallada, que brinde certeza a las familias afectadas. Señaló que los comunicados oficiales o la difusión de información en redes sociales no sustituyen la obligación de esclarecer los hechos y de aplicar la ley de manera contundente frente a posibles omisiones de las autoridades.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que diez elementos de la policía municipal fueron presentados para declarar en torno al presunto suicidio de Andrea Tamara. Destacó que las responsabilidades pueden derivar tanto de acciones como de omisiones y que se actuará con firmeza para que hechos similares no se repitan en ningún centro de detención.

Por su parte, el diputado del PRI, Javier Casique Zárate, urgió a reforzar los mecanismos de supervisión y control en la policía municipal y destacó que estos incidentes reflejan una problemática que va más allá de Salina Cruz. Citó cifras de la CNDH que señalan más de 500 quejas por trato indebido en centros de detención preventiva en 2024, el 15% de ellas con resultados graves, incluyendo la muerte de detenidos.

 Reiteró que los protocolos de vigilancia, la capacitación del personal y el acceso a atención médica y psicológica no son opcionales, sino obligaciones fundamentales para proteger la vida y los derechos de quienes están bajo custodia estatal.