Diócesis de Tehuantepec respalda demandas indígenas, pide atención integral a las comunidades

En el marco del bloqueo carretero en el distribuidor vial El Caracol, activo desde el pasado 12 de octubre de 2026, la Diócesis de Tehuantepec emitió un pronunciamiento urgente donde denuncia la "realidad de abandono" que sufren los pueblos originarios del Istmo y exige al gobierno una atención integral que supere el simple desarrollo de infraestructura.

La protesta, iniciada por habitantes de más de 26 comunidades mixes y zapotecas, ha comenzado a sumar el respaldo de otros sectores de la región. Ante este escenario, el obispo Monseñor Crispín Ojeda M., en conjunto con sacerdotes, catequistas y agentes pastorales, señaló que las demandas sociales en las redes y las calles reflejan una deuda histórica que no se resuelve únicamente con la pavimentación de caminos o la instalación de energía eléctrica.

Una crisis estructuralizada en el Istmo

A través de las directrices de su Plan Diocesano de Pastoral, la Iglesia católica manifestó que el bienestar de las familias istmeñas, incluyendo a las comunidades ikoots y chontales, se encuentra gravemente comprometido por una serie de problemáticas acumuladas:

Impacto de megaobras y carestía: Una economía deteriorada por el alto costo de los productos básicos y las "nuevas problemáticas" derivadas de la implementación del Tren Interoceánico.

Seguridad y descomposición social: Un incremento alarmante en el consumo de drogas, así como el avance del narcotráfico y la delincuencia organizada en la región.

Rezago institucional: Un sistema de salud pública incompleto, una democracia en crisis y el fenómeno complejo de la migración tanto interna como externa.

El llamado al consenso

Para la Diócesis de Tehuantepec, la vía para desactivar el conflicto social y garantizar la paz comunitaria pasa por el respeto irrestricto a las autonomías y culturas propias de los pueblos.

El clero local concluyó con un exhorto a todas las autoridades e instituciones involucradas en el desarrollo regional para que actúen con "responsabilidad y constancia", urgiendo la construcción de políticas públicas consensuadas directamente con los pueblos indígenas que pongan en el centro la educación, la salud y la dignidad humana.