En la costa oaxaqueña, el emblemático Campo de Golf Tangolunda, en Huatulco, se ha convertido en el centro de un intenso conflicto entre la protección ambiental y la necesidad económica de cientos de familias.
Desde que el gobierno federal declaró la zona como Parque Nacional en febrero de 2024, prohibiendo el golf como actividad recreativa, ciudadanos y exempleados han reactivado protestas para exigir su reapertura. Lo que antes era una fuente de empleo para decenas de trabajadores, ahora es un símbolo de abandono. Y mientras Oaxaca se promociona en el Tianguis Turístico de México 2025, aquí en Huatulco se limita un espacio clave para el turismo.
Con lonas que mostraban mensajes como "No a la destrucción del patrimonio de Huatulco, sí al campo de golf" y "Transportistas y operadores queremos más trabajo y turismo", los manifestantes recordaron que el cierre fue ordenado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a más de un año de ellos, remarcaron que persiste la afectación directa a trabajadores, operadores turísticos, transportistas y prestadores de servicios que dependían de la actividad generada por el campo de golf.
La Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco ha advertido que el cierre represento un golpe incalculable al desarrollo económico de la región. Se estima que el turismo canadiense, que representaba más del 50% de los visitantes internacionales ha disminuido significativamente.
Pero del otro lado está la Semarnat, que argumenta que el campo de golf usaba más agua de la que consume todo el estado de Oaxaca en 10 días. Y que, además, los pozos usados para riego no contaban con permisos legales. Por ello, se decidió no renovar la concesión al Grupo Salinas, empresa que operaba el campo desde 2012.
El caso Tangolunda refleja un dilema profundo: ¿Cómo equilibrar la protección ambiental con el derecho al trabajo digno? Huatulco hoy se encuentra entre la ecología y la economía, entre la reserva natural y el destino turístico. Y miles de familias están atrapadas justo en medio.