En Oaxaca, la Secretaría de Gobierno informó el 26 de octubre de 2025 que el proceso de renovación de autoridades por Sistemas Normativos Internos avanza con 265 municipios ya renovados de un total de 413, lo que equivale al 69.01 por ciento. Aún restan 148 comunidades por realizar sus elecciones, bajo el acompañamiento de la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE), encargada de garantizar seguridad, gobernabilidad y respeto a las decisiones comunitarias.
Los municipios regidos por usos y costumbres concentran gran parte de las zonas más marginadas del estado, especialmente en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Sur, Mixteca e Istmo. Su carácter rural, disperso y montañoso, según el INEGI, representa un desafío logístico para celebrar asambleas, acceder a servicios y coordinar la transición de autoridades locales.
Entre las principales causas del retraso se encuentran las dificultades de acceso a comunidades aisladas, conflictos internos y controversias legales. En varios casos, los procesos deben repetirse por impugnaciones o por la anulación de asambleas comunitarias. Un ejemplo es el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que revocó los acuerdos de la asamblea celebrada el 31 de agosto en Santiago Astata, donde se intentó modificar su sistema normativo sin el consentimiento pleno de sus habitantes.
La falta de renovación o validación de autoridades impacta directamente en la vida municipal. Un ayuntamiento sin representantes legítimos enfrenta retrasos en la planeación y ejecución de presupuestos, imposibilidad de firmar convenios o gestionar obras, y vacíos en la representación política ante instancias estatales o federales.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, las autoridades acreditadas son esenciales para la gestión de recursos y programas. Su suspensión implica una pérdida temporal de voz y de interlocución formal con el Estado, afectando la gobernabilidad y la continuidad comunitaria.