La presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, señaló que la asignación de contratos para adquirir materiales electorales no depende de una sola persona, sino de un comité de adquisiciones integrado por distintas áreas del organismo. Sus declaraciones ocurren en medio de cuestionamientos por adjudicaciones millonarias a empresas proveedoras y observaciones detectadas durante revisiones de auditoría.
De acuerdo con información difundida sobre los contratos del instituto, entre 2018 y 2024 empresas relacionadas periodísticamente con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron adjudicaciones del IEEPCO por más de 270 millones de pesos. Entre ellas figuran Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales, proveedoras de materiales para procesos electorales.

Contrataciones pasan por varias áreas
Sánchez González explicó que el comité de adquisiciones cuenta con la participación de la presidencia, la Secretaría Ejecutiva, coordinaciones y direcciones ejecutivas. Añadió que los contratos son firmados por la Secretaría Ejecutiva en turno, como parte del procedimiento administrativo.
La funcionaria sostuvo que las decisiones se toman de manera colegiada y no recaen exclusivamente en la presidencia del instituto. Sin embargo, esta distribución de funciones no elimina la necesidad de revisar los procedimientos, documentar las decisiones y determinar si existieron responsabilidades individuales.
Auditorías detectaron documentación pendiente
En la revisión de la cuenta pública de 2024, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca registró observaciones relacionadas con contrataciones de Formas Finas y Materiales, entre ellas documentación justificativa faltante. La existencia de estas observaciones no acredita por sí sola actos de corrupción, pero exige que se aclare si los expedientes cumplen con los requisitos legales y administrativos.

El caso se enmarca en una revisión más amplia de contratos de materiales electorales asignados por el Instituto Nacional Electoral y organismos electorales locales. La Auditoría Superior de la Federación informó sobre una investigación de oficio para examinar posibles irregularidades en esas contrataciones.
Por su parte, el Consejo General del INE, ahora encabezado provisionalmente por Blanca Yassahara Cruz García tras la renuncia de Guadalupe Taddei, acordó solicitar la salida de tres funcionarios y revisar los procedimientos de contratación. Estas medidas no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
Mientras avanzan las revisiones, el reto para las autoridades electorales será esclarecer cómo se asignaron los contratos, comprobar que los recursos públicos se ejercieron conforme a la ley y establecer, con evidencia y debido proceso, si hubo irregularidades y quiénes serían responsables.