La reciente implementación del Padrón de Contratistas por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP) de Oaxaca ha sacado a la luz una problemática que ha aquejado al estado durante años: la existencia de empresas fantasma que, mediante prácticas fraudulentas, han desviado recursos públicos destinados a obras y servicios esenciales.
De las 385 empresas inscritas en el padrón, 49 presentan inconsistencias, como domicilios fiscales inexistentes o no localizables, lo que impide verificar su legalidad y operatividad.
Este fenómeno no es nuevo en Oaxaca. Durante el sexenio de Alejandro Murat, se detectó una red de empresas que, bajo la fachada de legalidad, obtuvieron contratos millonarios sin cumplir con los servicios pactados. Un ejemplo es la empresa Arquitecturas del Mundo Moderno Mut, S.A. de C.V., que recibió más de 3.9 millones de pesos en contratos de obra pública, a pesar de haber sido identificada por el SAT como una empresa que simula operaciones.
Además, se ha documentado la existencia de grupos empresariales que comparten domicilios y números telefónicos, lo que sugiere la operación de redes de empresas fachada. Por ejemplo, Grupo Ferretero y Material para la Construcción Construmex S.A. de C.V., Luanda Construcciones S.A. de C.V. y Obras y Servicios Juquila S.A. de C.V. comparten el mismo número telefónico y dirección fiscal, y han recibido contratos por más de 105 millones de pesos.
A nivel nacional, las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) han sido identificadas como piezas clave en redes de corrupción, operando como cárteles económicos que desvían recursos públicos sin entregar los servicios comprometidos. Estas prácticas fraudulentas no solo representan un desfalco al erario público, sino que también afectan directamente a la ciudadanía, al impedir la realización de obras y servicios esenciales para el desarrollo del estado.