El Congreso de Oaxaca aprobó en septiembre de 2025, con 31 votos a favor, la reforma constitucional que incorpora la extorsión al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de extorsión, permitiendo su persecución de oficio y homologando las sanciones en todo el país.
La reforma busca unificar el tipo penal de extorsión al igual que el sistema federal, cerrando vacíos legales y evitando la disparidad en las penas que actualmente existen entre los estados. Por ejemplo, en Oaxaca las penas por extorsión van de uno a tres años, mientras que en otros estados como Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años. Esta disparidad ha permitido que las redes de extorsionadores operen con relativa impunidad.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, respaldó la reforma y anunció la implementación de un Programa Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión. Este programa incluirá acciones inmediatas como la capacitación de autoridades locales, la creación de unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección a las víctimas.
De acuerdo a el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó un total de 30 denuncias por extorsión en el periodo de enero hasta mayo, de los cuales seis se denunciaron en enero, nueve en febrero, tres en marzo, siete en abril y cinco en mayo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la mayoría de las llamadas extorsivas que se realizan en la entidad oaxaqueña, provienen de penales que se ubican en otros estados como Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
Mientras, la implementación de la reforma será evaluada mediante indicadores como el número de denuncias recibidas, el porcentaje de casos resueltos, la percepción ciudadana sobre la seguridad y la eficacia de las medidas de protección. Además, se establecerán mecanismos de transparencia y control para garantizar que la nueva figura se utilice correctamente y no derive en abusos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha comprometido la publicación de avances de gestión y la implementación de programas de capacitación para fortalecer la respuesta institucional ante la extorsión.