Familiares de Irineo Molina denuncian presunta persecución política tras detención

Familiares del ex presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, denunciaron una presunta persecución política en su contra, luego de que fuera detenido por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. 

Durante una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados federal, su esposa, Erika Vásquez Estrada, y su hijo Emmanuel Molina Vázquez, acompañados por el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, pidieron que el exalcalde sea tratado como inocente y pueda enfrentar su proceso en libertad.

Familia defiende su administración

Durante su intervención, Emmanuel Molina, de 18 años, habló sobre la trayectoria política de su padre y defendió los resultados de su gobierno municipal. Aseguró que fue una de las administraciones con mayor realización de obra pública en Tuxtepec, al destacar pavimentaciones con concreto hidráulico, gestiones para la construcción de un hospital y acciones de seguridad coordinadas con la Secretaría de Marina.

Respecto a las acusaciones, señaló que el caso está relacionado con la contratación de un drenaje pluvial en la calle Zapata, de la colonia Hidalgo, y un sistema de videovigilancia.

El hijo del exedil sostuvo que ambas obras fueron revisadas por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y que, según la información presentada por la familia, se encuentran concluidas y cuentan con documentación comprobatoria.

Exigen proceso imparcial

Por su parte, Erika Vásquez pidió que se respete el principio de presunción de inocencia y que su esposo no sea considerado culpable antes de que exista una sentencia firme. También solicitó que pueda continuar su proceso fuera de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca, Irineo Molina es señalado por presuntamente contratar de manera irregular dos obras públicas con la empresa Deeleg Automation & Industrial Service, S. de R.L. de C.V., además de realizar pagos derivados de esos contratos.

El monto señalado por la Fiscalía asciende a 23 millones 39 mil 533 pesos con 97 centavos. Ante estos señalamientos, la familia pidió que las autoridades conduzcan el caso con imparcialidad y que se respeten sus derechos durante el procedimiento judicial.